Una denuncia por violencia familiar ha puesto en la cuerda floja al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, quien ha rechazado renunciar al cargo como le han pedido sus colegas, en momentos en que la Justicia boliviana atraviesa una crisis.

"Yo denuncié a mi esposo, Gonzalo Hurtado, por violencia familiar ante la Brigada de Protección a la Familia el 31 de marzo pasado y hasta ahora no lo han notificado", dijo Liliana Sánchez, esposa de Hurtado, titular del máximo tribunal en el país gobernado por Evo Morales.

El caso salió a luz el miércoles tras conocerse que cinco de los nueve magistrados del tribunal le habían pedido la renuncia a Hurtado sin aludir al caso familiar y alegando que "no hizo nada para que el órgano judicial tenga voz y presencia" en el debate público por reformas judiciales, dijo el magistrado y ex presidente de la Corte Suprema, Jorge Von Borries.

"No hemos querido referirnos al asunto personal de Hurtado, que ya no es tan personal desde que se dictó una ley contra la violencia familiar, pero ese asunto está en otras manos. A nosotros nos preocupa la imagen del órgano judicial", dijo Von Borries a radio Erbol.

En una breve declaración a periodistas la víspera al salir de su despacho en la sureña ciudad de Sucre, sede de la Corte, Hurtado aseguró: "No voy a renunciar. Nosotros nos acogemos a la Constitución y cualquier actitud contraria va contra la democracia y significa un golpe de Estado". Hurtado declinó referirse a su vida personal y la dirección de prensa del tribunal dijo a la AP que el magistrado no hará ninguna declaración al respecto.

Por su parte, Sánchez dijo que denunció a su esposo tras haber sido agredida verbalmente en la vía pública por Hurtado y por la supuesta amante de éste. El magistrado inició el divorcio. El matrimonio tiene dos hijas menores de edad y vive en la ciudad de Trinidad, 400 kilómetros al noreste de La Paz.

Según la esposa, la situación cambió bruscamente después de que Hurtado fue elegido magistrado. "Todos conocen mi caso en Trinidad y me parece bien que pidan la renuncia porque la Justicia debe tener buena imagen", dijo la mujer.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos evalúo, en su último informe en marzo, que "las medidas adoptadas por altas autoridades judiciales fueron insuficientes para resolver la crisis que desde largo tiempo afecta a la administración judicial, que continuó en 2012 mostrándose propensa a la corrupción, a la falta de acceso, a los retrasos y al deterioro de las condiciones de detención".

Magistrados y jueces de alto nivel fueron elegidos por voto ciudadano en octubre de 2011 por seis años en un intento por mejorar la situación de la Justicia.