Condenan a Polonia por dificultar el aborto a una menor violada

Una adolescente de 14 años debió vivir un verdadero calvario al peregrinar por cuatro hospitales para poder lograr la interrupción del embarazo luego de una violación, un hecho que la ley contemplaba.

Sin embargo, el acoso de las organizaciones antiabortistas y la presión de un sector de los médicos y de la Iglesia impedía que se pueda realizar.

Ahora, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Estrasburgo, dictaminó que el país trató de manera degradante e inhumana a la menor y que además vulneró otros derechos fundamentales, como su derecho a la vida privada y familiar y su derecho a la libertad y seguridad, según la información brindada por El País.

Polonia deberá pagar a la adolescente 30.000 euros por daños morales y otros 15.000 a su madre, además de asumir las costas del proceso judicial, que se había iniciado en 2008.

Tras la denuncia de violación por parte de la menor, de la que se reservó su identidad y sólo se la nombró como "P.", y luego de constatar el embarazo, acudió junto con su madre al hospital local, en Lublin, con el correspondiente certificado oficial para poder realizar la intervención.

Sin embargo, en ese lugar se lo negaron, argumentando que faltaban papeles por presentar, además de entregar información contradictoria sobrer qué médico debía realizar el aborto y en qué plazo.

Ante esa negativa, madre e hija se dirigieron a otro centro hospitalario, donde la situación fue aún peor, ya que el Jefe de Gineoclogía de ese centro llevó a la joven a hablar con un sacerdiote presente, sin notificar primero a su madre. Durante la conversación, ambos trataron de convencer a la joven de que continúe con su embarazo, pero ante la negativa, el Jefe de Ginecología alegó objeción de conciencia, además de emitir una nota de prensa contando pormenores del caso y detalles privados de la joven.

Tras ello, madre e hija decidieron trasladarse a Varsovia, donde un hospital público, pese a reconocer haber recibido presiones y amenazas, se comprometió a realizar la intervención, por lo que debía esperar tres días.

En ese tiempo, la menor comenzó a recibir llamados y mensajes no sólo del sacerdote de su pueblo, sino de personas que no conocía, que intentaban convencerla de que la decisión que estaba tomando no era la correcta.

Asustada la joven, acompañada de su madre, decidió retirarse del lugar, donde activistas antiaborto las retuvieron, y según consta en la sentencia, fueron interrogadas en sede policial, supuestamente por el delito de presionar a su hija para interrumpir el embarazo.

Tras ello, la mejor fue enviada a un refugio para menores de su ciudad, Lublin, donde comenzó a sufrir dolores y una crisis nerviosa, lo que obligó a hospitalizarla durante una semana.

Más de un mes después de que la joven P. lograra el certificado que autorizaba el aborto tras una violación, un hospital de Gdanksk, a 500km de Lublin, se comprometió a realizarlo, y tras viajar de manera clandestina lograron poner fin a ese calvario.

Ese vergonzoso acto por parte de las autoridades fue condenado por la Corte de Derechos Humanos, que determina que el Artículo 8, referente a la vida privada y familiar de la menor, fue vulnerado, además de no garantizar el acceso oportuno y sin obstáculos a la interrupción del embarazo.