163
163
 163
163
 163
163
 163
163



Si pudiéramos hacer un mapa de equidad
política de género  en el mundo, la región, desde México a la Argentina, podría ser considerada como la que tiene los países en los cuales las mujeres han logrado los mayores niveles de participación política.

Desde Luisa García Chamorro en Nicaragua hasta Michelle Bachelet en Chile, pasando por Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina y Laura Chinchilla en Costa Rica. Incluso existe la posibilidad de que la presidencia mexicana recaiga en una mujer, por la representante del PAN, Josefina Vázquez Mota.

Las cifras del Banco Mundial muestran que en Latinoamérica el porcentaje de mujeres con responsabilidades políticas era en 2010 del 24%, la cifra más alta del mundo. Esto frente al resto del mundo, donde la media es de un 19%, o en Europa, donde este porcentaje era del 15 por ciento. Estas cifras, sin tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, las mujeres ocupan puestos de menor relevancia que los masculinos. Pero esto no sucede en América Latina. 


Estas cifras no han sido siempre así, y al igual que en el resto del mundo, las mujeres han estado tradicionalmente subrepresentadas en la esfera política. ¿Por qué en la actualidad hay más mujeres con poder en Latinoamérica que en el resto del mundo? Por un lado, el progreso educativo global de estos países ha mejorado la situación de la mujer más que la de los hombres, que tradicionalmente ya habían accedido a estos recursos.


Por otro lado, la mayoría de las democracias americanas son regímenes relativamente jóvenes, donde la mujer se incorporó de la misma manera que el hombre, lo que ha permitido el mismo tiempo de acceso a la esfera política y por extensión, las mismas oportunidades, ya que en muchos de ellos se establecieron cuotas de género en el entorno político -de entre el 25 y 30 por ciento.

Además, la visibilidad de estas presidentas, de diferentes ideologías y estilos de liderazgo, sirve de acicate para que otras mujeres sigan su ejemplo y se inicien en la carrera política, o simplemente dentro del mundo laboral. La población latinoamericana percibe a las mujeres como políticos más honestos que sus compañeros masculinos, incluso podríamos afirmar que las ve más comprometidas en la lucha contra las injusticias sociales, un rol muy femenino, entre las que podemos contar, la lucha contra la pobreza o la corrupción, así como el énfasis en las políticas educativas.

Podríamos considerar, incluso, que la posibilidad de que la población estuviera dispuesta a elegir al colectivo femenino como una manera de entender la renovación del escenario político. Esta perspectiva de la mujer dentro de la región supone un gran avance en términos de derechos y posición del colectivo femenino en el entorno social y político, pero la realidad más global de estos países aun está lejos de ser la misma que las de las presidentas latinoamericanas.

No podemos olvidar que estos mismos países sufren una fuerte desigualdad de renta dentro de su población, y que la mayor presencia de mujeres en las altas esferas del poder no nos puede hacer obviar que muchas otras mujeres sufren graves problemas socioeconómicos -como el desempleo o la pobreza extrema- en mayor medida que los hombres, mientras sacan adelante a su familia.

Una realidad muy diferente de la que viven las que están a la cabeza de estos países, y que amenaza con excluir estos sectores de la realidad social y económica, y obviamente de la política. Entre los objetivos del Milenio de Naciones Unidas, está la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres dentro de las estructuras sociales y políticas.

Sin embargo, más allá de los criterios de justicia social, no está tan claro que el género de los líderes sea un elemento clave de cara a los resultados políticos o económicos, ya que sobre la condición de género priman las ideologías, los estilos de liderazgo y los recursos del país.  El avance en materia de género y especialmente en el de la participación de las mujeres en los puestos de poder están vinculados fuertemente a la consolidación de la democracia, el desarrollo social y un crecimiento económico sostenible y equitativo.

El gran reto es conseguir trasladar este avance en materia de género en la esfera política al resto de la realidad de América Latina, convirtiéndolo en algo habitual y no una excepción.