Prensa Ministerio de Seguridad 162
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 Télam 162
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La invasión de los barras de Nueva Chicago al Hospital Santojanni reavivó una vieja disputa entre el Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, en torno a quién debe custodiar los centros de salud.

El tema volvió a ser centro de debate a partir del reclamo del presidente de la Asociación de Médicos del centro de salud porteño, Marcelo Struminger, quien hizo público el malestar de los galenos por el escenario de inseguridad en el que deben desempeñar sus funciones.

La protesta provocó la reacción de Nilda Garré, quien desligó a la Nación de la responsabilidad: "Esta demanda de seguridad, que yo comparto, porque debe estar garantizada también la seguridad de los hospitales, en realidad debe dirigirla a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque tienen una policía que ya supera los 2.000 efectivos y está previéndose que alcance los 3.000 efectivos en diciembre".

En el mismo sentido, la ministro de Seguridad remarcó: "La custodia de los edificios de la Ciudad es obvio e indiscutible que le corresponde a una policía de la Ciudad que fue creada, entre otras cosas, con esta finalidad".

Finalmente, Garré hizo un resumen de su análisis, con el que pretendió zanjar la discusión: "Esto es tan absurdo como que nosotros pidiéramos a la Metropolitana que los edificios del Gobierno nacional, por estar en la Ciudad de Buenos Aires, fueran custodiados por esa fuerza".

"Además, partimos de una denuncia de un convenio que hizo el Gobierno de la Ciudad, que no necesitaba los 500 efectivos", completó.

El Gobierno nacional y el porteño tuvieron un cruce similar la semana pasada, por el conflicto con los manteros en la calle Florida. En esa ocasión, las autoridades de la Ciudad se quejaron porque la Policía Federal no colaboraba para desalojar a los vendedores ilegales.

La respuesta de Garré fue a través de un comunicado, en el que remarcó que esa tarea también correspondía a la Metropolitana."La venta ambulante no autorizada en el espacio público no es delito, sino una contravención. Y las fuerzas de seguridad federales deben direccionar sus esfuerzos a la prevención y conjuración de delitos", concluyó en un escueto escrito.