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Según un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), apenas el ciclo económico insinúa una reversión, la informalidad laboral vuelve a emerger reflejando el mal funcionamiento del mercado de trabajo en la Argentina.

En ese sentido, un poderoso inductor a la informalidad es la combinación de bajos niveles de productividad, en especial entre las pequeñas y medianas empresas, elevadas cargas sociales y mediocre calidad de los servicios de la seguridad social.

En los países desarrollados, las imposiciones sobre los salarios están respaldadas no sólo por los altos niveles de productividad sino también por la alta calidad de los servicios que las cargas sociales financian. Los factores determinantes de la informalidad laboral son motivo de controversias.

Entre los más importantes están la calidad y eficacia de los controles, el tipo de regulaciones laborales que se imponen, el nivel de las imposiciones que gravan los salarios y la valoración que se tenga por los servicios que se reciban gracias a operar en la formalidad. En los países desarrollados, la informalidad laboral es un fenómeno muy marginal.

En los Estados Unidos, por ejemplo, las contribuciones patronales con destino al financiamiento de beneficios de la seguridad social son, en promedio, de 29,5% del salario. Pero dentro de este nivel de contribuciones, 11 puntos porcentuales son obligatorios: los destinados a previsión, salud para la vejez, desempleo y riesgos del trabajo.

Los restantes 18,5 puntos porcentuales corresponden a beneficios de la seguridad social voluntarios, como seguro de vida, de salud en la vida activa y ahorro previsional.

En la Argentina, un empleador tiene que pagar junto con los salarios, en concepto de jubilaciones, asignaciones familiares, seguros de desempleo, de salud, y de riesgos del trabajo y contribuciones sindicales, en promedio aproximadamente 30% del salario que son íntegramente obligatorios.

Así, en Estados Unidos, sólo 11 de los 30 puntos de costo laboral son  coercitivos, mientras que los 19 restantes son voluntarios. En otras palabras, la mayor parte de las contribuciones patronales operan como un "salario diferido".

En la Argentina, en cambio, la totalidad de las contribuciones patronales son coercitivas y la calidad y nivel de protección que brinda la seguridad social son bajos. Cuando la calidad de los servicios es tan baja, las cargas sociales se convierten en un impuesto que grava el trabajo asalariado registrado.