En el fallo se explicó que el objetivo de la causa son los incrementos que tuvo el patrimonio de Carlos Viola como ex subsecretario de Acción de Gobierno de la Presidencia y que la acusación contra Adelina es, no por su condición de ex funcionaria, sino por los supuestos aportes que habría realizado a la sociedad conyugal, que según su esposo "hizo los aportes más significativos".

La causa se centró en el origen de 432.875 dólares de ganancia exenta declarados en 1997, ingreso con el que intentaron justificar la adquisición de los bienes cuestionados a Viola: un terreno ubicado en Pilar, provincia de Buenos Aires y un departamento en Estados Unidos.

En su momento, los acusados dijeron que esos fondos constituían el 50 por ciento de la utilidad neta obtenida por Adelina y su socio, el también imputado Santiago Lozano, a partir de la venta de acciones que habían recibido en retribución de sus servicios de consultoría, de Telecard, Lo Jack y Copesa.

En primera instancia el juez federal Daniel Rafecas dio por acreditada esa versión y sobreseyó a los acusados.

En cambio los camaristas de la Sala II Martín Irurzun y Eduardo Luraschi consideraron que "no corresponde" el sobreseimiento y ordenó en duros términos a Rafecas profundizar la investigación.

La Cámara sostuvo que el "asesoramiento" que habrían hecho a esas empresas "no se ve acompañado de ningún elemento del que se infiera objetivamente su efectiva prestación, entidad".

Además del matrimonio Viola, la Cámara revocó los sobreseimientos de Santiago Lozano, Julio Barrera Oro y Oldemar Carlos Barreiro Laborda, estos últimos vinculados a Lo Jack, dispuso su falta de mérito y ordenó profundizar "seriamente" la investigación.