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El manager del grupo Callejeros fue liberado anoche luego de la disposición del juez Marcelo Lucini, subrogante de María Angélica Crotto, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Diego Argañaraz, quien estuvo 16 días detenido, y obtuvo su liberación junto con Lorenzo "Lolo" Bussi, ya que ambos fueron procesados por homicidio culposo, que es un delito excarcelable.

Argañaraz, sobre quien pesa un embargo de 20 millones de pesos, llegó a su vivienda, ubicada en Soldado Juan Rava 1474, de la localidad de Villa Madero, acompañado por un grupo de familiares y bajo un profundo estado depresivo, ya que durante la tragedia de Republica Cromañón sufrió la pérdida de su esposa Romina Branzini.

El padre de Romina, César Branzini, responsabilizó a Argañaraz "porque él tenía que saber todo esto, tenía que saber que había más gente de la debida en Cromañón, tenía que saber de las puertas (de emergencia) cerradas, de las bengalas, de que el local ya se había prendido fuego y lo habían apagado", enumeró antes de que la justicia ordenara la detención del manager de Callejeros.

Procesaron al jefe de Seguridad

Raúl Villarreal, mano derecha del gerenciador de República Cromañón Omar Chabán, fue procesado ayer con prisión preventiva acusado del homicidio con dolo eventual de 193 víctimas del incendio que se produjo en esa discoteca el pasado 30 de diciembre.

Las medidas fueron adoptadas por el juez de instrucción porteño Julio Lucini, quien además impuso a los procesados embargos millonarios: a Villareal de 57.600.000 pesos y a Argañaraz y a Bussi de 20.000.000 de pesos a cada uno, según surge del fallo de 123 carillas al que accedió Télam.

En el caso de Villarreal, el juez destacó que a partir de los numerosos testimonios recolectados en la causa surge que "lejos de asumir el rol de simple empleado y/o colaborador, tenía una activa participación en el 'negocio', a punto de haberse convertido en la verdadera 'mano derecha' de Chabán", gerenciador del local y preso desde el 31 de diciembre.

Si bien el magistrado sostuvo que "tal era la responsabilidad del imputado en la organización de los eventos que, en general, cuesta situarlo en una función específica, se evidencia, por el contrario, como la persona de confianza del dueño que, sin encargarse de nada en particular, está al tanto de todo y tiene injerencia en cualquiera de los aspectos del negocio".

Lucini menciona a Villareal como el "coordinador general del local", ya que abría y cerraba las puertas del lugar, entregaba las entradas a las bandas para su venta y reunía con ellas para organizar los recitales.

Teniendo en cuenta esos roles, el juez subrayó que "la principal responsabilidad de Villareal emana, justamente, de haber sido una de las personas que participó activamente de la organización del trágico espectáculo, con conocimiento del exceso del público, del estado de la puerta de emergencia, del ingreso de pirotecnia, de las deficiencias del control, de los incendios anteriores y de la posibilidad de un episodio con consecuencias trágicas".

Lucini recordó que si bien se ha demostrado que la puerta de emergencia estaba cerrada por orden de Chabán, esa decisión "fue sostenida" por Villareal como "encargado" de Cromañón y además "no hizo absolutamente nada para facilitar el egreso de los concurrentes una vez acaecido el siniestro".

Respecto de la pirotecnia, el juez entendió que "debió realizar lo necesario para que no ingrese" al local más allá del trabajo que debía efectuar Bussi y el resto de los empleados de control.

Al evaluar la responsabilidad de Argañaraz, Lucini tuvo durísimos términos y afirmó que "actuó en forma imprudente y negligente, lo cual facilitó la producción del siniestro que terminó con la vida de 193 personas y produjo centenares de heridos".

"En otras palabras, si de acuerdo a la función que le fue encomendada, Argañaraz hubiera actuado diligentemente y en forma responsable, tomando los recaudos correspondientes, el incendio no se hubiera producido y, por ende, tampoco las muertes y lesiones", remarcó.

Además, Lucini consideró que "conociendo efectivamente que el público que asiste a los recitales del grupo utiliza pirotecnia no debió organizar el espectáculo en ese lugar o, al menos, debería haber arbitrado las medidas necesarias como para corroborar que la puerta de seguridad se hallaba operable".

"Es inaudito que se ocupe del ingreso pero ningún recaudo adopte en relación al egreso y todo lo que ello implica (evacuación en emergencia)", agregó la resolución.

Otro aspecto que se dio por probado es que Argañaraz "más que preocuparse porque no ingresara pirotecnia, estaba más inclinado a favor de su utilización" y se recordó que en un recital de Obras Sanitarias indicó el tamaño que debían tener las bengalas para poder ingresarlas.

Lucini también le achacó no haberse fijado si la salida de emergencia funcionaba correctamente, si había matafuegos, y no haber averiguado cuánta gente podía ingresar al lugar, ya que vendió 3.500 entradas para un lugar habilitado para 1.035.

Con respecto a Bussi, el juez equiparó su actitud con la del manager y sostuvo que "si hubiera actuado en forma correcta, extremando el cacheo de los asistentes y verificando que ninguno de ellos ingrese al lugar sin antes ser exhautivamente revisado, el incendio no se hubiera producido y las muertes se hubiesen evitado".

Y como conclusión, el magistrado dijo que "cada uno se desprende de responsabilidades para achacárselas a otros: unos son control y otros seguridad, unos responsables del local y otros responsables de los grupos que tocan; cada uno se hace cargo de una parte, pero siempre dejan otros temas que a larga no son atendidos por nadie".