El juez federal Jorge Urso recibió una denuncia contra el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, el secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantin, y su subsecretario, José María Campagnoli, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por la vandálica toma piquetera de la comisaría 24ª.

Esto se suma a la batería de pedidos de informes lanzados por Urso anteayer, que fueron dirigidos al Gobierno y especialmente a la Secretaría de Seguridad Interior para que explique qué medidas se tomaron desde que comenzó la avanzada piquetera, para prevenirla, en el marco de una denuncia presentada por el fiscal Luis Comparatore.

Sin embargo, los jueces federales tienen grandes inconvenientes a la hora de determinar cómo hacer para juzgar sobre los actos de Quantin y Campagnoli.

Una alta fuente de Comodoro Py 2002 describió que ?si llega a determinarse que se cometió un delito por parte de ellos en el cumplimiento de la función, no podría juzgárselos, porque en realidad son fiscales en uso de licencia, y tienen inmunidad, es decir, deben ser desaforados para sometérselos a juicio?.

La misma fuente opinó que además ?imagínese que estos procesos llevan tiempo, y cuando esta gente se vaya del cargo en el ministerio, vuelven a la fiscalía y cómo se hace para juzgarlos por los eventuales delitos que cometan?.

El tema es un verdadero interrogante, que en principio crea la confusión suficiente como para garantizar la impunidad de cualquier acto efectuado durante la función. Un fiscal en uso de licencia sigue siendo un representante del Ministerio Público, con las mismas prerrogativas que cualquier otro, pero en este caso están ejerciendo un cargo público del que pueden derivarse una serie de procesos penales, producto del creciente control que la sociedad realiza sobre sus servidores públicos.

Sin embargo, en el caso de estos funcionarios el control no sería posible. Algunos opinan que si la licencia es utilizada como en este caso puede aplicarse el régimen de las suspensiones, en las que pierden vigencia los fueros, pero si el supuesto delito se confirma cuando ya volvieron a sus funciones de fiscales la cuestión se complica.

Algunos creen que las inmunidades deberían levantarse por el período en que estuvieron en el Poder Ejecutivo, aun cuando hayan vuelto a la fiscalía. Otros creen que sería mucho más fácil que los funcionarios públicos renunciaran a un cargo para asumir otro, especialmente cuando el primero goza de fueros, para evitar problemas jurídicos ?y alimentar la tan mentada transparencia?, dice una fuente de los tribunales de Retiro.

Horacio Minotti
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