Imagenes de lesiones denunciadas adjuntas en el informe de la Defensoría de Casación.
Imagenes de lesiones denunciadas adjuntas en el informe de la Defensoría de Casación.

Este caso en particular, ocurrido en el primer cuatrimestre del año en la denominada Subcomisaría Casino sobre la rambla de Mar del Plata, reúne todas las condiciones. No solo retrata una golpiza masiva de agentes bonaerenses a menores, sino también una amenaza explícita para mentir y no denunciar.

La cita proviene de una Defensoría del Fuero de Responsabilidad Juvenil de la ciudad costera, y es al menos gráfica. El joven que realizó la denuncia afirmó "que en el momento de la detención fue golpeado por el personal policial, que los golpearon a todos los detenidos, que las mujeres policías les pegaron a las chicas, que les iban pegando cuando iban entrando al calabozo a la Subcomisaría, que a uno de los chicos lo golpearon en la cabeza. Otro vomitaba sangre; al dicente le pegaron en las costillas. En la parte del costado, patadas y piñas, que esto todavía le duele, que vomitó cuando llegó a su casa". La declaración sigue: "Además, le dieron varias cachetadas en la cara y que todo ello fue en el interior de la Subcomisaría Casino, que además lo amenazaron a él y los otros detenidos que si llegaban a denunciar iban a recibir una paliza mayor, por esto les obligaron a que digan que si les preguntaban que estaba así golpeado que tenían que decir que se habían peleado…".

El caso fue recientemente incorporado por la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires al Registro de Casos de Torturas y Tratos Inhumanos, que la Defensoría realiza desde hace 16 años. El Registro es, en sí, una toma de pulso constante al abuso del Estado con sus detenidos en territorio provincial.

Con el doctor Mario Coriolano como titular del organismo, la Defensoría releva los casos de cada cuatrimestre a través de información de defensas de cada departamento judicial. El estudio registra principalmente presuntos hechos cometidos por la Policía Bonaerense y el Servicio Penitenciario provincialñlñl, con la situación de detenidos en comisarías y cárceles que son reportadas a abogados oficiales, muchas veces con el pedido expreso de los detenidos de que la situación no se convierta en una denuncia penal por miedo a represalias internas. Los números generales de los últimos 16 años no son alentadores: se relevaron 11303 hechos de tormentos y abusos. El universo investigado por la Defensoría no solo incluye torturas, sino también agravamiento de condiciones de encarcelamiento y causas fraguadas con prueba falsa.

Esta semana, la Defensoría publicó sus cifras más recientes, que incluyen casos desde el 1° de enero hasta el 31 de abril últimos: es el primer Registro de Torturas en reflejar denuncias durante la gestión de Cambiemos en la provincia con Cristian Ritondo como ministro de Seguridad, el comisario Pablo Bressi como jefe policial y Fernando Díaz como titular de las cárceles bonaerenses. La Defensoría detectó 276 casos en el período.

De ese número general, 221 de ellos corresponden a torturas y tratos degradantes. En 95 de esos casos, los detenidos manifestaron haber recibido abusos de parte del Servicio Penitenciario. En 121 expedientes, según el nuevo Registro, la Policía Bonaerense es señalada como culpable. Hay un desglose todavía más alarmante: 50 de los casos atribuidos a la Bonaerense involucran a menores de edad. Otros dos corresponden al instituto de menores Sbarra.

Las cifras, por su parte, bajaron visiblemente con respecto a los últimos cuatro meses de la gestión Scioli-Granados con Hugo Matzkin como cabeza de la Bonaerense. Entre septiembre y diciembre de 2015 hubo tanto para cárceles como comisarías 318 hechos de tortura y tratos crueles denunciados. En 166 de ellos, las víctimas reportaron abusos a manos de policías, contra 121 del primer cuatrimestre de 2016. En 145 de ellos, el 46 por ciento restante, los tratos aberrantes provinieron de personal del SPB: hoy el número se reduce, siempre según el Registro de la Defensoría, a 95.  El aumento durante todo el año pasado había sido notable: de enero a abril de 2015, solo se habían denunciado 265 hechos.

Los chicos son el problema

En cuanto a menores, la Defensa Pública del departamento de La Matanza informó la mayor cantidad de casos en el período: 24 en total. Le siguió Mercedes con 8 y Lomas de Zamora con 7. Pedir callar es la norma: el 90% de los menores que reportaron hechos pidieron a sus defensores que no formulen una denuncia penal.

El caso marplatense al comienzo de esta nota no es el único en el nuevo Registro que incluye una presunta amenaza explícita de efectivos. Otra denuncia que involucra a una comisaría en La Tablada y que fue reflejada en el Registro incluyó un supuesto episodio de "submarino seco", una sofocación con una bolsa de plástico para lograr información.

Alojar a menores en comisarías es otro problema, ya que los expone a la población adulta: un acuerdo de la Corte provincial prohibió esto en 1997 con un pedido expreso al Poder Ejecutivo bonaerense, algo que fue apoyado en 2004 con resoluciones del Ministerio de Seguridad. Esto, claramente, no fue respetado: en al menos 10 de los casos registrados en el nuevo informe los supuestos abusos habrían ocurrido dentro de comisarías. "El joven manifiesta que el momento de estar alojado en comisaría el personal policial ató sus manos a las rejas de una celda y le propinó golpes de puño en las costillas y en los testículos. Refiere que posteriormente lo desataron, y entre otros 5 policías nuevamente lo agredieron con golpes de puño en todo el cuerpo", dice otro caso citado por Coriolano en el informe. El SPB, por su parte, encuentra un problema similar: 329 jóvenes condenados al ser menores cumplen su pena en las cárceles de adultos.

Las manos y los pies, tal como se observa en informes anteriores, son el instrumento preferido. En 179 de los casos, las presuntas víctimas tanto de penitenciarios como de policías reconocieron haber recibido puñetazos y patadas: 63 denuncias en el SPB y 113 para la Policía Bonaerense. Un preso hasta reportó recibir impactos de bala de goma en las piernas.

¿Cuál es la jurisdicción policial más comprometida? La Defensoría de Casación pudo establecer que, alrededor de la Bonaerense, la Defensoría de Mercedes envió 21 casos, Lomas de Zamora tuvo 19 y La Matanza ascendió a 24. En La Matanza, dice el informe, los casos tienen una "dispersión notable" entre dependencias, pero la Comisaría 1° de San Justo se lleva el 25% de las denuncias. En Mercedes, la 1° de Luján y la 1° de Mercedes suman un tercio de los registros del período.

Se detectaron también 14 casos donde se acusa a la Bonaerense de forzar a los detenidos a firmar actuaciones sin leer su contenido o recibir imputaciones con elementos falseados, con testimonios de suma gravedad. Un joven refirió "que en la comisaría le pegaron en la cabeza y en el rostro para que firmara las actuaciones atento a que él se negaba". Otro, tras recibir una trompada en la panza, aseguró que "le colocaron en su poder un arma de fuego y luego convocaron a dos testigos". Pero entre toda la lista de testimonios y casos, el informe revela algo al menos relevante para el actual clima de "justicia por mano propia" con asesinatos de delincuentes: en varios casos de flagrancia, donde el delincuente es atrapado en el acto, la Policía le permitiría a la víctima, según las acusaciones, golpear al ladrón antes de llevárselo preso.

Un caso relevado por Coriolano y su equipo indica: "Al momento de la aprehensión, un oficial policial le pega en la cabeza, en el rostro y parte de la frente con la culata, escopeta y luego esposado en el suelo, permiten que la víctima lo golpee". Hay un segundo ejemplo en esta línea: "Refiere el joven que al momento de la aprehensión, luego de colocarle las esposas, el personal policial le aplicó patadas en todo el cuerpo, luego arribó al lugar el damnificado -también personal policial- quien, frente a los preventores le aplicó golpes de puño y patadas, estando en el suelo". La golpiza, que habría seguido en el patrullero, le costó un diente.