El 6 de agosto de 2013, la explosión de un edificio causada por un escape de gas provocó la peor tragedia en la historia de Rosario. El estallido derrumbó una torre entera de un edificio y provocó serios daños en otras dos en un accidente que se cobró la vida de 22 personas, dejó un saldo de más de 60 heridos y una onda expansiva que afectó a más de 200 viviendas.
El homenaje comenzó con una reunión de allegados de las víctimas y autoridades frente a las torres, donde ahora se construirá un centro cultural. A las 9:38 de la mañana, la hora exacta en que se produjo la explosión, los bomberos hicieron sonar las sirenas para recordar a las víctimas del derrumbe del edificio ubicado en la calle Salta 2141.
En el acto conmemorativo, los familiares de las personas fallecidas reclamaron que se acelere la causa que 5 años después no tiene fecha de juicio. "No nos dejen solos en este reclamo. Parece mentira que hayan pasado cinco años de uno de los peores desastres. Fue un camino de penas, de lucha, de impunidad. No bastó para tomar conciencia y producir cambios para que no vuelva a ocurrir", dijo Eleonara López, hermana de Carlos, que falleció en el derrumbe.
Además, la mujer informó que pidieron una audiencia con el ministro de Energía, Javier Iguacel, y agregó: "Los cambios a nivel de la red de gas nunca ocurrieron, como la señalización en la vía pública para evitar escapes. Litoral Gas no posee planificación alguna para mejorar la red de gas. Después de la tragedia, cuando se hizo la auditoría, no colaboró con información. Debemos exigir servicio de calidad y que no se mate a nuestra gente".
Pasado el mediodía, en el aula 15 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario se comenzó a desarrollar un panel con familiares y autoridades de la institución para hablar sobre el derecho de los familiares de personas que murieron en tragedias colectivas junto con protagonistas de tragedias como el accidente ferroviario de Once.
La intendenta de Rosario, Mónica Fein, estuvo presente esta mañana en el acto y en diálogo radial con La Ocho dijo que "es terrible que no haya justicia y cinco años después encontrar a las familias mucho más angustiadas, porque la justicia no hace olvidar pero repara en algo el dolor".
Por el hecho fueron imputadas once personas por "estrago culposo agravado": el gasista que manipulaba el medidor de gas cuando explotó y su ayudante, el gasista que había trabajado los días previos, los tres responsables de la administración del consorcio y cinco empleados de la empresa Litoral Gas.
La familia de Débora Gianángelo, una de las 22 víctimas fatales, es actualmente la única querellante en la causa penal, ya que el resto de los familiares decidieron acordar con la parte ante el temor de ser demandados por alguno de los imputados.
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