Los choferes de la línea 60 de colectivos mantenían este lunes el paro por tiempo indeterminado que iniciaron el jueves pasado en reclamo de medidas de seguridad para el desempeño de sus tareas y la reincorporación de trabajadores despedidos.

Tras fracasar una reunión realizada el viernes en el Ministerio de Trabajo entre representantes de la cartera, gremialistas y directivos de la empresa, la huelga, que comenzó el jueves a la tarde, se cumple en todos los recorridos de la empresa Micro Ómnibus Norte S.A. (Monsa).

La medida de protesta, que afecta a unos 250 mil pasajeros, se inició luego de una inspección realizada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que detectó fallas de seguridad en varias unidades y en las terminales.

"El paro es total en todos los ramales y seguirá hasta que la empresa se comprometa a cumplir con un plan de adecuación y solucione los problemas en materia de seguridad e higiene que se observaron en las inspecciones", dijo Esteban Simonetta, delegado de línea.

"Falleció un compañero el año pasado y hubo un montón de inspecciones, pero hace diez días que la empresa no cumple con ninguno de los puntos observados por el ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo", agregó.

Simonetta sostuvo que la medida de fuerza de los trabajadores de la línea 60 de colectivos es también por la reincorporación de los empleados despedidos "en los últimos días".

Los despedidos a los que hace referencia la comisión interna están vinculados a los violentos incidentes –que incluyeron agresiones a personal administrativo de la empresa– registrados en septiembre de 2016 en la terminal ubicada en el barrio porteño de Barracas, y que la jueza laboral Stella Maris Vulcano ratificó la semana pasada.

Asimismo, dijo que mañana martes alrededor de las 15 habrá una nueva reunión en el ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto.

Los choferes advirtieron que el paro por tiempo indeterminado es para que no haya otra muerte, como ocurrió el 9 de septiembre del año pasado con David Ramallo, quien murió aplastado por una unidad cuando realizaba tareas de reparación.

Iván Iza, otro de los delegados, expuso que no pueden trabajar porque "corre riesgo la vida de los demás compañeros" y aseveró: "Mientras nosotros discutimos seguridad para los compañeros, la empresa discute subsidios".

El delegado sostuvo que el jueves la "superintendencia verificó que 94 de los 97 puntos infraccionados seguían sin modificarse". Por su parte, la empresa Monsa aseguró en un comunicado que en las inspecciones realizadas sólo en la cabecera Maschwitz se detectaron "algunos requerimientos menores", los cuales, afirmó, "no afectan la seguridad de la operación del personal".

"De haber existido alguna falla grave, como falsamente denuncian los delegados, los inspectores hubieran procedido con la clausura de las instalaciones", subrayó la empresa.

Monsa también atribuyó a "una serie de hechos fortuitos y errores humanos" el "desgraciado accidente" de septiembre del año pasado que provocó la muerte de Ramallo y originó la protesta gremial contra la inseguridad laboral en instalaciones de la empresa.

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