El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció ayer en una improvisada conferencia de prensa que el propio bloque de diputados de PRO iniciará el proceso de juicio político por el caso de las escuchas telefónicas.

Anoche, en declaraciones televisivas, consultado acerca de si aspirará a la presidencia del país en las próximas elecciones, pese a estar procesado por la Justicia en una causa por escuchas telefónicas ilegales, Macri eludió responder en forma directa.

"Mantengo el compromiso de seguir difundiendo la propuesta del PRO en todo el país", dijo primero el funcionario, aunque luego agregó que "el año que viene" analizará la situación política. (Ver nota relacionada).

En la conferencia de prensa, más temprano, Macri aseguró que "en el marco que brinda la Constitución" el procedimiento "que da mayor transparencia" es el juicio político y por eso solicitó a sus diputados -que conforman la primer minoría del cuerpo con 25 votos- que lo inicien lo más rápido posible.

Es decir, se confirma el cambio de estrategia que había adelantado Infobae.com. El martes, el bloque del PRO había bloqueado todas las iniciativas de la oposición: la conformación de una Comisión Investigadora, la citación del jefe de gobierno porteño y hasta el juicio político.

Macri justificó este cambio de actitud aduciendo que "era una sesión extraordinaria, desorganizada". "No habíamos podido reflexionar acerca de cuál era el mejor mecanismo. Ahora creemos que este es el más transparente, efectivo y sincero. Nosotros no tenemos nada que ocultar", argumentó.

Y aseguró que cree que el juicio político se puede resolver rápidamente. "Podemos hacer este proceso, depende de nosotros, si nos organizamos bien los podemos resolver rápidamente", concluyó.
En el PRO pronostican que el proceso en la Legislatura podría comenzar en dos semanas, cuando finalice el receso parlamentario y ya esté en Buenos Aires la mayoría de los dirigentes tanto del oficialismo como de la oposición.

Allí, se dará paso al trabajo de la Comisión Investigadora que se conformará en el marco de la Sala Acusadora, que tendrá 60 días hábiles parlamentarios para emitir un dictamen en el que se determine si es o no factible un juicio político.