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Viernes 27 de Noviembre
24-07-09 | Política Imprimir Galería
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Van a indagar a funcionarios de la Sedronar

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El juez Luis Armella, a cargo del juzgado de Quilmes, pedirá que presten declaración los implicados en el delito de transportar drogas en una camioneta de la organización en octubre del año pasado

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Desde el juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, se confirmó que es inminente el llamado a empleados de Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) para que presten declaración sobre el delito de transportar drogas en una camioneta de la organización.

En octubre del año pasado se encontraron en un vehículo del organismo casi ocho kilos de estupefacientes. En un principio se creyó que era cocaína, pero se determinó que era paco.

Al parecer, Sedronar quiere alegar que la droga hallada en la camioneta es la misma que había sido secuestrada en Avellaneda un año antes.

Desde el juzgado de Armella aseguraron al diario Crítica de la Argentina que son "cautos al extremo" en el desarrollo del expediente en el que aparecen Carlos Oreiro, chofer personal de Granero, y Eduardo Salcito, conductor de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico.

Desde el organismo sostienen que la situación de la camioneta fue un olvido de policías santafesinos que hacía un año habían secuestrado el vehiculo con el cargamento en una ruta provincial. Sin embargo, el juzgado tiene una lista de pruebas de derriban esta defensa.

Quien también está implicado en la causa es Hernán Claudio Bay, el tapicero que descubrió el cargamento cuando levantó el asiento del conductor y una chapa de la carrocería interior y encontró un paquete con casi medio kilo de droga.

La causa está titulada como "NN sobre infracción a la ley 23.737", y la pena va de cuatro a quince años de cárcel.

El juez Armella investiga si en la Secretaría había un grupo que se dedicaba a transportar droga robada en vehículos de la organización.

La Sedronar es criticada desde su creación en la década de los ´90 y es sospechosa en la administración de los subsidios para granjas y un descontrolado manejo del Registro Nacional de Precursores Químicos.

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