Un mayor del Ejército y a un civil, acusados de delitos de lesa humanidad en la dictadura, fueron excarcelados. La jueza Garzón de Lescano fundamentó su fallo en una sentencia que limita las prisiones preventivas

La jueza cordobesa Cristina Garzón de Lascano se amparó en el fallo plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal sobre la restricción de las prisiones preventivas. Son dos presos por la causa llamada UPI1, la unidad penitenciaria cordobesa del barrio San Martín en los años de dictadura. Se trata del mayor retirado del Ejército Francisco Pablo DAloia y del civil Luis Alberto López, acusados por los crímenes de 31 presos políticos que entonces estuvieron alojados allí.
En el mismo expediente están procesados el condenado Luciano Benjamín Menéndez y el ex dictador Jorge Rafael Videla. La magistrada cordobesa se inspiró en el fallo Díaz Bessone, por el cual Casación a nivel nacional y en fallo plenario dispuso la restricción de las prisiones preventivas.
Garzón de Lescano lo resolvió en estos casos en particular, donde se ajustaron a Derecho y no comportan riesgo alguno de fuga, informa La Voz del Interior.
Igualmente, les fue impuesta a cada caso una fianza de 150 mil pesos.
Ayer todavía DAloia seguía en la cárcel de Bouwer y López, en el Tercer Cuerpo de Ejército. El primero se presentó cada vez que fue citado por el Juzgado, evaluó la jueza, y habría suspendido un viaje al exterior para comparecer en Tribunales sin estar procesado.
El beneficio de la excarcelación a DAloia y López podría extenderse a otros 15 procesados de esa causa, comentó al diario cordobés el abogado de organismos de derechos humanos Martín Fresneda.