18-11-08 | Política
Dirigente gremial docente se negó a declarar por la instalación de carpas
El titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Francisco Nenna, se negó hoy a declarar ante la Justicia a raíz de la instalación de una carpa docente frente a la Jefatura de Gobierno, en octubre pasado
Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que el titular de la UTE se negó a declarar ante el juzgado Contravencional porteño N° 7, luego que fuese citado como imputado por la fiscal María Valeria Massaglia.
Allegados al dirigente, señalaron que el juez le exhibió una filmación que lo mostraba a Nenna participando de la protesta y en la instalación de una carpa frente a la Legislatura el 20 de octubre pasado, en reclamo de mejoras salariales.
Durante esa jornada, la policía corrió a los manifestantes de la vía pública aunque días más tarde el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo hizo lugar a una medida cautelar y autorizó la instalación de las carpas.
El gremialista fue imputado por infringir el artículo 78 del Código Contravencional porteño, que fija con penas de hasta cinco días de trabajo comunitario o una multa de hasta mil pesos, a quien "impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos".
La causa fue iniciada por el Gobierno porteño en medio de la protesta gremial que aún continúa en reclamo de mejoras salariales y laborales.
Allegados al dirigente, señalaron que el juez le exhibió una filmación que lo mostraba a Nenna participando de la protesta y en la instalación de una carpa frente a la Legislatura el 20 de octubre pasado, en reclamo de mejoras salariales.
Durante esa jornada, la policía corrió a los manifestantes de la vía pública aunque días más tarde el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Gallardo hizo lugar a una medida cautelar y autorizó la instalación de las carpas.
El gremialista fue imputado por infringir el artículo 78 del Código Contravencional porteño, que fija con penas de hasta cinco días de trabajo comunitario o una multa de hasta mil pesos, a quien "impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos".
La causa fue iniciada por el Gobierno porteño en medio de la protesta gremial que aún continúa en reclamo de mejoras salariales y laborales.
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