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Miercoles 25 de Noviembre
01-11-08 | Política Imprimir Galería
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Causa Armas: ex presidente Menem escuchará acusación por videoconferencia

Un ex fiscal especialista en delitos de contrabandos es el nuevo defensor de Menem

  • El ex presidente Carlos Menem, que escuchará su acusación el 28 de noviembre próximo por video conferencia, nombró como nuevo abogado a un ex fiscal especializado en temas de contrabando para que lo defienda en el juicio oral y público en su contra.
  • Se trata de Maximiliano Rusconi, quien se desempeñó hasta el 2001 como Titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco).
  • Rusconi, quien se encargó de investigar a funcionarios de la administración menemista durante su gestión en la Ufitco ahora defiende al mismo Menem en la causa por contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia.
  • El ex fiscal investigó una causa por presunta evasión contra el ex titular del PAMI Víctor Alderete, entre otras causas.
  • Pero en este último tiempo defendió al ex secretario de Turismo Omar Fassi Lavalle y su ex esposa, Elizabeth Mazzini, quienes fueron condenados a tres años de prisión condicional en una causa por evasión. También fue abogado defensor en la llamada causa "viñas blancas", representando al millonario Serbio Dragoslav Ilic, acusado de traficar en abril de 2004 171 kilos de cocaína a Europa camufladas en botellas de vino.
  • Rusconi reemplazará a Luis Omar Daer, que venía defendiendo a Menem en este proceso.
  • Por su parte, el juez Luis Imaz explicó que la tecnología de la videoconferencia garantiza la "autenticidad y simultaneidad" del acto, "aún cuando se da en ámbitos geográficos distintos", con lo cual quedó establecido que la misma se realizará el próximo 28 de noviembre por la mañana.
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El Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 suspendió hasta el próximo viernes el juicio por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, para que los nuevos abogados del ex mandatario puedan conocer el expediente

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El Tribunal rechazó, además, un planteo de la Dirección General de Aduana contra la decisión del tribunal de que la acusación contra Menem se realice por el sistema de videoconferencia, diligencia fijada para el próximo 28 de  noviembre a las 10:30.

La Dirección General de Aduana, que actúa como querellante, se opuso a la decisión porque esa forma de hacer escuchar al procesado el requerimiento de elevación a juicio "no está previsto en la ley".

Tras el planteo de la Aduana y otro del fiscal Marcelo Agüero Vera, el tribunal ordenó un cuarto intermedio para resolver la cuestión después del mediodía.

El Tribunal decidió que la lectura de la acusación se haga por el sistema de videoconferencia teniendo en cuenta que Menem está en La Rioja y la tutela del derecho a la salud "sin detrimento al servicio de justicia".

El presidente del tribunal, Luis Imaz, recordó que si bien los médicos informaron que Menem, actualmente "se halla en condiciones mentales para estar en juicio", pero se encuentra "impedido" por el momento para trasladarse a esta capital.

El debate oral y público, en el que hay otros 17 procesados, entre ellos el ex ministro de defensa Oscar Camilión y ex funcionarios de la Dirección General de Fabricaciones Militares, se realiza en una sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002, en el barrio de Retiro.

Imaz aclaró que para la teleconferencia el Tribunal se constituirá en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en tanto que el ex titular del Poder Ejecutivo Nacional lo hará en el Consejo Federal de Inversiones, en La Rioja.

El secretario del tribunal Eduardo Botello se trasladará a la Provincia para certificar el acto.

Como los médicos forenses habían sugerido estudios complementarios a Menem, el Tribunal, también integrado por Gustavo Losada y Horacio Artabe, intimó a los defensores del ex Presidente a efectuar tales exámenes "para luego evaluar si debe o no concurrir a esta sede".

En la causa se investigan las responsabilidades derivadas de la firma de decretos presidenciales, entre 1991 y 1995, en los que se hacía figurar la venta de más de 6.500 toneladas de material bélico a Bolivia, Venezuela y Panamá, cuando en realidad fueron a Croacia y Ecuador.

El delito que se investiga, "contrabando agravado por tratarse de material bélico", tiene penas de hasta 12 años de prisión.

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