23-10-08 | General > Política Imprimir Galería

Ciudad criticó al polémico juez Gallardo por impedir el desalojo de un basural

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La pelea Nación - Ciudad

Detrás del desalojo de los cartoneros y de las 40 familias, hay otra cuestión que parece ser más fuerte que el reclamo de los vecinos. En 2000, el predio de 15 hectáreas fue transferido de la Nación a la Ciudad, bajo el mandato de Enrique Olivera, que en ese entonces prometió construir un predio verde. Sin embargo, hace poco, la Nación revocó el convenio ratificado en abril pasado por el cual se cedía el terreno y exigió la devolución del mismo, acusando que la administración porteña no lo cuidó, algo que al parecer provocó la reacción de Mauricio Macri. Juan Pablo Schiavi, titular de la Administración Nacional de Infraestructura Ferroviaria, dijo: "El Gobierno de Macri no lo cuidó. Esto es como si le prestás el auto a alguien y te lo devuelve sin nafta y con los vidrios rotos", para luego concluir que su idea es "dedicar aproximadamente dos tercios del terreno a un espacio público y el resto a viviendas. El dinero que se saque será reinvertido en obras ferroviarias".

Audio: El ministro Montenegro, en Radio 10

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El ministro Guillermo Montenegro se mostró indignado por Radio 10 ante la decisión del magistrado. "Excedió su jurisdicción y sólo complica a los vecinos de Caballito que elevaron un reclamo", dijo. En el lugar hay químicos tóxicos y aumentó el delito y el consumo de droga

Ayer, el gobierno porteño, junto con efectivos policiales, realizó un desalojo de dos mayoristas de cartones de un predio entre las calles Yerbal y Avellaneda, en el barrio porteño de Caballito, donde habitan unas 40 familias que se instalaron en 2001.

Sin embargo, el cuestionado juez Roberto Gallardo dejó en suspenso el desalojo de los habitantes de esos terrenos, pese a las denuncias de insalubridad, inseguridad y tráfico de paco que denunciaron los vecinos. De hecho, Montenegro se refirió al predio como un "basural".

Por eso, el ministro de Seguridad porteño volvió a criticar al magistrado. "Esta no es su jurisdicción y si quiere hacer política, que haga como hice yo: que deje su cargo y se suma a una administración, pero este tipo de órdenes no pueden continuar". Montenegro recordó a su vez el riesgo de los asentamientos, ubicados a metros de las vías del ferrocarril Sarmiento.

"Esta decisión del juez Gallardo contradice las denuncias de los propios vecinos, que hace años reclamaban que se levantara este peligroso asentamiento", insistió el funcionario del gobierno de la Ciudad. De hecho, numerosos oyentes de Radio 10 contaron que hay un alarmante cantidad de robos que se producen alrededor de esos terrenos.

Esta semana, el mismo magistrado fue puesto en tela de juicio por autorizar la instalación de una carpa docente frente a la sede el gobierno porteño.

Según confirmó el Director General del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 6 (Caballito), Marcelo Iambrich, a Infobae.com "hubo un pedido de amparo que cayó en el despacho del juez Gallardo, quien suspendió el procedimiento con una medida precautelar. El desalojo está pendiente".

Iambrich corroboró que la Comuna ofreció subsidios a las familias que viven en el predio. Se calcularán en función del número de integrantes y, según trascendió, serán de entre 8 mil y 20 mil pesos. A todo esto, Alberto Antonio De Marco, que reside en esos terrenos, dijo: "Ahora nos dejan tirados en la calle, nos sacan la fuente de trabajo y nos quieren quitar los carros. Los $8.000 para toda mi familia que nos ofrecen como subsidio no me sirven para nada: somos 16".

Sin embargo, hay ocupantes del predio que sí están de acuerdo con la reubicación de sus recidencias en otros barrios de la Ciudad.

El cierre de la cartonera se llevó a cabo por orden de la Fiscalía Contravencional Número 2, a cargo de Verónica Guagnino, quien ayer estuvo presente en el procedimiento. El operativo se ordenó tras una serie de denuncias orginadas por los vecinos.

Revelaron que los cartoneros utilizaban químicos peligrosos (muchas veces provocaban humaredas contaminantes), que la higiene era peligrosa y que subió el número de delitos en el barrio a partir de la instalación de la cartonera. Así se ponía en riesgo la vida de los mismos cartoneros, la de las familias de alrededor y de otros vecinos.

Algunos vecinos, incluso, denunciaron que se creó una red de venta de paco que operaba en el mismo barrio, según contó el jefe de la Comuna de Caballito.

Por su parte, una representante de la organización Barrios de Pie declaró: "Pedimos que se hagan los informes sociales de los vecinos, que se firme un acta compromiso donde figure que por el tema de trabajo y escolaridad es necesario un tiempo prudencial para una solución favorable. No nos vamos a ir de acá sin una solución".

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