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Lunes 30 de Noviembre
09-10-08 | Política Imprimir Galería
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La Justicia pidió la remisión de legajos militares acusados de corrupción

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Se trata del personal militar puesto, en el caso de los activos, en disponibilidad a causa de los presuntos delitos que, en diversos niveles de responsabilidad, se habrían cometido en licitaciones ejecutadas miembros de la fuerza

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa informó que el juez Federal Adolfo Canicoba Corral "solicitó a la jurisdicción en la causa n° 11410/08 caratulada 'GIRALDA, Héctor Mario y otros s/defraudación por administración fraudulenta', la remisión en los legajos personales de treinta y dos integrantes de la fuerza Ejército denunciados en esa instancia judicial".

Asimismo, según informa el comunicado, personal del Juzgado del Dr. Canicoba Corral tuvo acceso a la computadora donde se recibió uno de los correos electrónicos dirigidos a la ministra de Defensa, y que están incluidos en la causa.


El procedimiento a cargo de la secretaría de Miguel Angel Ambrosio se desarrolló en el Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa y también del Estado Mayor General y otros organismos del Ejército, confirmaron fuentes del tribunal, sin aportar más precisiones debido al secreto sumarial.

Los legajos solicitados involucran a militares apartados de sus cargos y en disponibilidad a raíz de irregularidades detectadas por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Defensa, base de la causa judicial iniciada el pasado 8 de agosto por una denuncia de la cartera castrense.

Personal del juzgado accedió hoy además a la computadora que recibió uno de los mails con denuncias de irregularidades dirigidos a la ministra de Defensa, Nilda Garré e incorporados a la causa judicial.

El pasado 2 de octubre la Policía Federal realizó cerca de noventa allanamientos ordenados por el juez Canicoba Corral, tanto en dependencias del Ejército como en domicilios de proveedores o supuestos proveedores de la fuerza.
 
Ese día fueron allanados el Batallón de Intendencia 601 de El Palomar, la Dirección de Asuntos Históricos del Ejército en Ciudadela y el Comando de Operaciones Terrestres en Campo de Mayo, involucrados en la causa.

Según dijo en ese momento el fiscal Eduardo Taiano, la investigación judicial había reunido ya "serios indicios" de actos simulados de competencias entre oferentes "para adjudicar contrataciones determinadas de antemano".

Allegados al sumario señalaron que Taiano detectó compras ficticias, falsificaciones de firmas y contratos con proveedores que se dedicaban a rubros distintos a los requeridos, entre otras irregularidades.

La investigación previa de la UAI estableció vinculaciones de integrantes del Ejército con adjudicatarios de compras y el desdoblamiento de las contrataciones para eludir la fiscalización de los organismos de control.

También detectó aparentes competidores que compartían la misma dirección, empresas que ganaban licitaciones en rubros diferentes de aquellos para los que estaban habilitadas y que la mayoría de los oferentes se hallaban inscriptos como monotributistas.

En paralelo a la denuncia judicial inicial, Garré dispuso separar de sus cargos y pasar a disponibilidad a 31 militares, entre los cuales cuatro generales.

El Ministerio de Defensa hizo luego una ampliación de la denuncia, con la cual el total de involucrados pasaron a ser 44 militares y 90 civiles proveedores del Ejército.
 
 

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