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Jueves 26 de Noviembre
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Defensa prohibe que militares vayan a cárceles comunes

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El ministerio lanzó una resolución para equiparar el tratamiento de los uniformados que violaron los derechos humanos con los presos comunes. Un informe certifica los privilegios que les otorgaban

La posición del Ministerio de Defensa, presidido por Nilda Garré sobre este tema quedó cristalizada en una resolución que no da lugar a dudas.

Entre sus alcances, el principal es la prohibición de que los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea procesados y condenados por violaciones a los derechos humanos sean alojados en unidades militares.

También, intenta poner coto a los privilegios que les eran otorgados. Según consigna el diario Clarín, la resolución prohíbe "ejecutar requerimientos judiciales como el trasladado de militares detenidos, realizar detenciones, notificaciones judiciales o cualquier otra diligencia procesal sin contar con la previa autorización de Defensa".

Además, Defensa presentó un informe en el que se analizan las salidas que se autorizan a militares condenados. Por ejemplo, son muy frecuentes los controles médicos, las caminatas o la práctica de natación en el Círculo Militar. Al respecto un caso emblemático son los permisos que los jueces otorgaban a el presidente de facto Reynaldo Bignone.

Ya desde 2006, Garré fijó su posición sobre el tratamiento que deberían tener los militares involucrados en la violación de los Derechos Humanos. Según la ministra, "la realización de labores propias de procesos penales, como la detención y el traslado de detenidos, por parte de las FF.AA. no sólo son ajenas a su rol, sino que le son prohibidas".

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