25-08-08 | Política
Reclaman juzgamiento y condena a los crímenes de la guerrilla
El hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure reclamó en Radio 10 por el bestial asesinato de su padre en 1975, que un fallo reciente determinó no prescribe. Condenó el homenaje a los terroristas asesinos en el Parque de la Memoria
Arturo Larrabure, hijo del coronel asesinado, dijo que ahora ni los juristas ni los implicados "pueden alegar prescripción", ya que hay un fallo que determinó la no prescripción de los delitos de la guerrilla, al calificarlos de lesa humanidad.
Así hizo alusión a la decisión del juez federal Marcelo Martín Bailaque, quien ratificó que el brutal crimen del coronel Argentino del Valle Larrabure en 1975 debía ser considerado de "lesa humanidad" y que por tal motivo no debía prescribir, por lo que la causa seguirá abierta.
Luego, Arturo Larrabure señaló: "El Estado argentino, con el indulto de Cámpora (ex presidente), produce la liberación de presos juzgados y condenados por la Cámara Federal en lo penal que había comenzado a funcionar en presidencia de Lanusse".
"El 26 de mayo del 73 se derogó así el compendio de leyes antiterroristas y algunos de ellos son los que se encargaron luego de secuestrar a mi padre", explicó.
El primer pedido para que el crimen de Larrabure sea calificado de lesa humanidad había sido hecho por el fiscal general Claudio Palacín, solicitud que había sido denegada por pedido de la Procuración General de la Nación.
De esta forma, el caso pasa a ser emblemático para que secuestros, atentados, torturas y asesinatos de los terroristas de los violentos años 70 queden abiertos para ser juzgados.
El pedido de Palacín había sido por una presentación hecha por el abogado defensor de la familia de Larrabure, Javier Vigo Leguizamón, en febrero de 2007.
La familia Larrabure considera que "el asesinato fue cometido en el marco de un ataque sistemático a la población civil llevado a cabo por las organizaciones terroristas".
Larrabure hijo incorporó como elemento de análisis la presunta responsabilidad de los Estados argentino y cubano. A criterio de Larrabure, "el Poder Legislativo nacional resultaría responsable por cuanto, el 26 de mayo de 1973, amnistió a los guerrilleros sin desarmarlos, suprimió la Cámara Federal en lo Penal y la legislación antiterrorista, dejando en libertad a algunos de los que secuestraron al militar".
Para Larrabure -según indica un comunicado- "la estrategia de los ex guerrilleros estaba centrada en considerar prescriptos sus asesinatos, secuestros y torturas, por tratarse de delitos comunes realizados sin participación estatal".
"Las crónicas parlamentarias prueban que la clase política contribuyó a la tragedia sobreviniente, calificando a quienes habían sido condenados por hechos terroristas, como perseguidos políticos que lucharon por la liberación y contra la dependencia", agrega el comunicado.
Así hizo alusión a la decisión del juez federal Marcelo Martín Bailaque, quien ratificó que el brutal crimen del coronel Argentino del Valle Larrabure en 1975 debía ser considerado de "lesa humanidad" y que por tal motivo no debía prescribir, por lo que la causa seguirá abierta.
Luego, Arturo Larrabure señaló: "El Estado argentino, con el indulto de Cámpora (ex presidente), produce la liberación de presos juzgados y condenados por la Cámara Federal en lo penal que había comenzado a funcionar en presidencia de Lanusse".
"El 26 de mayo del 73 se derogó así el compendio de leyes antiterroristas y algunos de ellos son los que se encargaron luego de secuestrar a mi padre", explicó.
El primer pedido para que el crimen de Larrabure sea calificado de lesa humanidad había sido hecho por el fiscal general Claudio Palacín, solicitud que había sido denegada por pedido de la Procuración General de la Nación.
De esta forma, el caso pasa a ser emblemático para que secuestros, atentados, torturas y asesinatos de los terroristas de los violentos años 70 queden abiertos para ser juzgados.
El pedido de Palacín había sido por una presentación hecha por el abogado defensor de la familia de Larrabure, Javier Vigo Leguizamón, en febrero de 2007.
La familia Larrabure considera que "el asesinato fue cometido en el marco de un ataque sistemático a la población civil llevado a cabo por las organizaciones terroristas".
Larrabure hijo incorporó como elemento de análisis la presunta responsabilidad de los Estados argentino y cubano. A criterio de Larrabure, "el Poder Legislativo nacional resultaría responsable por cuanto, el 26 de mayo de 1973, amnistió a los guerrilleros sin desarmarlos, suprimió la Cámara Federal en lo Penal y la legislación antiterrorista, dejando en libertad a algunos de los que secuestraron al militar".
Para Larrabure -según indica un comunicado- "la estrategia de los ex guerrilleros estaba centrada en considerar prescriptos sus asesinatos, secuestros y torturas, por tratarse de delitos comunes realizados sin participación estatal".
"Las crónicas parlamentarias prueban que la clase política contribuyó a la tragedia sobreviniente, calificando a quienes habían sido condenados por hechos terroristas, como perseguidos políticos que lucharon por la liberación y contra la dependencia", agrega el comunicado.
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AUDIO RELACIONADO
Audio: Arturo Larrabure. Radio 10
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Puntos importantes
Homenaje polémico: Arturo Larrabure, hijo del militar Argentino del Valle Larrabure asesinado en 1975, denunció que las personas acusadas por el crimen son homenajeadas en el Parque de la Memoria, donde figuran nombres de víctimas de la última dictadura militar.
"Es una falta de justicia que los terroristas tengan un monumento; pero es lo que estamos viviendo", afirmó Larrabure.
El hijo del coronel apuntó contra los militantes del ERP señalados como partícipes de la muerte de su padre.
Según la denuncia, en el monumento figuran los nombres de Amorosa Brunet de González, sus hijas Ruth y Estrella, y Héctor Vitantonio.
Según dijo en Radio 10, esos militantes del ERP fueron señalados como carceleros de Larrabure cuando fue secuestrado por esa organización.
También figura en el monumento el nombre de Eugenio Pettigiani, quien para la Justicia fue el entregador que facilitó al ERP la toma de la fábrica militar de Villa María, donde fue secuestrado Larrabure.
