Cambios en los beneficios para las víctimas de la AMIA

Si bien el dictamen de la Comisión de Legislación General sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo aún está en discusión, los senadores concluyeron que a la iniciativa se le introducirán cambios en virtud del reclamo de algunos familiares de los fallecidos en el ataque terrorista contra la mutual judía.
 
Los cuestionamientos se basan, mayoritariamente, en la imposibilidad de ejercer acciones legales contra el Estado nacional si se acepta el beneficio propuesto, pero también por la inferioridad del monto que pagará la Argentina por el resarcimiento en comparación con lo que resultaría de una acción penal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, participó del encuentro de la Comisión, aunque no es miembro, para señalarle a la directora de Asuntos Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Andrea Gualde, la inquietud de muchos de los familiares y de las víctimas del ataque.
 
Pichetto indicó que los probables beneficiarios de la ley recordaron el "caso Bulacio" por el cual los familiares del joven Walter Bulacio, asesinado por la Policía Federal durante un recital de rock, acudieron a la CIDH y recibieron una importante indemnización.
 
"El Congreso debe decidir si se opta por una indemnización integral, tal como está contemplada en el Código Civil, o por una tarifada, como es en esta ley", remarcó el senador rionegrino, y solicitó cambios al proyecto "porque -advirtió- se estaría aprobando una norma que no tendrá receptividad".
 
A su turno, Gualde recordó que el proyecto "fue abierto a consultas de todos los familiares y de las víctimas" y que su intención es "alinear esta reparación con otros beneficios recaudatorios como el que se otorga a las víctimas del terrorismo de Estado".
 
"Decidir cuál es el esquema reparatorio es potestad de este Congreso", indicó la funcionaria, tras lo cual reconoció que el beneficio indemnizatorio que propone el gobierno es, como máximo, de $400.000, en tanto que los familiares del joven Bulacio percibieron alrededor de 400.000 dólares.
 
"Si usted tiene la confesión del Estado de que es responsable del atentado por no haber actuado para evitarlo, entonces el camino de la demanda debe estar abierto y con un resultado previsible. Tendríamos que analizar de nuevo el tema indemnizatorio", señaló Pichetto.
 
En ese punto pareció encontrase un acuerdo entre los legisladores para introducir en el proyecto de ley una aclaración para que los que se quieran acoger al beneficio lo hagan, y que sólo deban renunciar a cualquier acción legal una vez cobrada la reparación.
 
Asimismo, otros legisladores, como Pichetto, el presidente de la Comisión, Pedro Guastavino; y la justicialista Sonia Escudero, propusieron que en los casos en que las víctimas o sus familiares decidan continuar con la acción penal, las costas del juicio sean asumidas por el Estado nacional.