El ministro Aníbal Fernández afirmó en C5N que "el problema no es el sistema, sino que está mal aplicado". Lo dijo en relación al beneficio dado al acusado de la Masacre de Campana
La defensa del sistema también fue realizada por el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, en una entrevista que mantuvo con el periodista Marcelo Longobardi, en el programa Cada Mañana de Radio 10.
Ambos funcionarios coincidieron en que el sistema debe aplicarse en casos muy concretos, vinculados a personas que no son peligrosas para la sociedad y que, por cuestiones humanitarias, deban dejar su centro de detención.
Todo el esquema quedó en el ojo de la tormenta, porque el juez de Garantías de San Martín, Nicolás Schiavo, le permitió a Ángel Fernández salir de prisión bajo juramento y con la tobillera, pese a tener una condena por violación, robo y tenencia de arma de guerra, entre otros delitos gravísimos.
"El problema no es el sistema, sino que está mal aplicado. Las pulseras o tobilleras no están concebidas para estos casos, sino para aquellas personas que no pongan en riesgo a la sociedad", aseguró en C5N el ministro de Justicia nacional, Aníbal Fernández, quien coincidió que en general se otorga "a personas enfermas".
"No podría estar funcionando en cabeza de un interno de las características del que estamos hablando. Es sólo para aquellos que no pongan en riesgo a la sociedad. En este caso, no veo nada que nos garantice eso", manifestó el ministro nacional.
"En el barrio tenía una actitud criticable, le temía el barrio. (Ángel Fernández) No debía tener ese beneficio", consignó.
Por su parte, Casal advirtió que las medidas de seguridad de las tobilleras" sólo pueden aplicarse mediante "el régimen de arresto domiciliario" para casos "humanitarios, para embarazadas, ancianos o enfermos termimales y nada más".