17-06-08 | Política
Sigue la discusión en torno a las retenciones móviles
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, ratificó esta mañana el esquema que desató la crisis. Abogados consultados por Infobae.com ponen en duda la constitucionalidad del sistema
La Argentina, país agroexportador reconocido en el mundo, comenzó en marzo una nueva etapa, en donde una crisis no es generada por la falta de riqueza, sino por la existencia de ésta en magnitudes extraordinarias y las diferencias en la división de la misma.
Frente a un nuevo sistema de retenciones móviles, el campo declaró un paro en la comercialización de granos con destino a la exportación hasta el próximo miércoles.
Sin embargo, la discusión parece terminada porque desde el Gobierno se advirtió que "no se habla más de retenciones", y se encargó de dar varias razones para elevar el porcentaje móvil y no pensar en una modificación.
En una de sus últimas declaraciones, el propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández, defendió la aplicación de las retenciones móviles y aseguró que "no hubo en esto ninguna violación constitucional".
"Las retenciones no son el resultado de ninguna definición de los mal llamados superpoderes del jefe de Gabinete", ironizó Fernández en una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, donde señaló que muchas provincias que reclaman "recibieron más de lo que les correspondía por la coparticipación".
El funcionario hizo una enfática defensa del sistema de retenciones y dijo que lo que se está discutiendo no es "un centavo más o un centavo menos para el sistema público". "Estamos discutiendo qué vamos a hacer con el campo, que lo vamos a necesitar", agregó.
Además, dijo que "no son un impuesto", sino una "herramienta de la política económica". "¿Cómo el Estado no va a poder fijar los derechos de exportación? Lo que busca el Gobierno es incentivar o no las exportaciones", dijo. Y descartó de plano los argumentos de quienes quieren impugnar judicialmente el esquema.
Esta mañana, el ministro del Interior, Florencio Randazzo ratificó el esquema y dijo que el "Gobierno no está de acuerdo en volver atrás".
Lejos de las rutas, la respuesta judicial
El gobierno de San Luis presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la regularidad de la coparticipación que tiene "ligazón directa con la constitucionalidad de las retenciones".
"La de San Luis es una sola causa. Nos deben la coparticipación, porque las retenciones han provocado una baja en los ingresos porque, al no ser aprobadas por el Congreso, se están definiendo en base al patrimonio", afirmó el abogado por la provincia puntana, Rodolfo Barra.
Según el letrado consultado por Infobae.com, la expectativa es "más que positiva", porque la Constitución marca firmemente el error llevado a cabo por el Gobierno. "Creo que lo hay que hacer son planteos judiciales, hay que terminar con las protestas violentas, los verdaderos resultados se van a encontrar en la Justicia", afirmó el ex ministro del Gobierno de Carlos Menem con respecto a los cortes de ruta realizados por las entidades rurales a lo largo de todo el país.
Asimismo, con respecto a una posible respuesta por parte del Poder Judicial enfocada en una "medida económica necesaria", Barra destacó que no está contemplado en la Ley de Emergencia algún tipo de acción como la aplicada.
"La emergencia terminó hace mucho, porque desde que se pagó al Fondo Monetario Internacional, sin que se tuviera ningún beneficio en ese acto de liberalidad, se demuestra que el Estado está solvente, porque puede pagar las deudas aún vencidas", afirmó Barra y explicó que la medida "no se justifica".
¿Inconstitucional?
Infobae.com habló con dos reconocidos abogados constitucionalistas que rechazan la explicación oficial y advierten que el sistema de retenciones presentado y aplicado "es inconstitucional".
El abogado Ricardo Monner Sans cuestionó no sólo el origen de las retenciones, sino también su aplicación. "¿Por qué no aplican este sistema a los juegos tragamonedas, a los casinos o a las transacciones financieras?", se preguntó el letrado en diálogo con Infobae.com y subrayó que "se está cometiendo un pecado muy grande, porque en estas derrotas económicas se comenten errores que tienen consecuencias en los más pobres".
"Estoy de acuerdo en una auténtica democracia, en donde los ricos aporten para que los pobres estén mejor, pero no con que se mate a la gallina de los huevos de oro", aseguró.
El constitucionalista Gregorio Badeni resaltó la responsabilidad del ex ministro de Economía, Martín Lousteau, en el sistema de retenciones indicando que el ex funcionario podría ser "la sustanciación de una causa penal".
"Y como el artículo 103 de la Constitución dice que los ministros sólo pueden dictar resoluciones sobre temas de administración o economía propias de sus departamentos de Estado, hubo una manifiesta de la ley fundamental por parte del ministro de Economía, un ejercicio abusivo del poder que puede acarrear la sustanciación de una causa penal".
El letrado señaló que ya se han abierto varias causas cuestionando la constitucionalidad de las retenciones, pero que el caso emblemático se encuentra en el fallo dictado por la magistrada Liliana Heiland, quien consideró al sistema como contrario a la Ley Fundamental.
"Esa sentencia seguramente ya fue apelada por el Estado y la Cámara de Apelaciones decidirá si confirma o no el fallo. En caso de confirmarlo o no la decisión de la cámara será apelable por vía del recursos extraordinarios ante la Corte Suprema. Hay que ver cómo responden los demás ante estas resoluciones, si prosperan o no", completó.
Frente a un nuevo sistema de retenciones móviles, el campo declaró un paro en la comercialización de granos con destino a la exportación hasta el próximo miércoles.
Sin embargo, la discusión parece terminada porque desde el Gobierno se advirtió que "no se habla más de retenciones", y se encargó de dar varias razones para elevar el porcentaje móvil y no pensar en una modificación.
En una de sus últimas declaraciones, el propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández, defendió la aplicación de las retenciones móviles y aseguró que "no hubo en esto ninguna violación constitucional".
"Las retenciones no son el resultado de ninguna definición de los mal llamados superpoderes del jefe de Gabinete", ironizó Fernández en una conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, donde señaló que muchas provincias que reclaman "recibieron más de lo que les correspondía por la coparticipación".
El funcionario hizo una enfática defensa del sistema de retenciones y dijo que lo que se está discutiendo no es "un centavo más o un centavo menos para el sistema público". "Estamos discutiendo qué vamos a hacer con el campo, que lo vamos a necesitar", agregó.
Además, dijo que "no son un impuesto", sino una "herramienta de la política económica". "¿Cómo el Estado no va a poder fijar los derechos de exportación? Lo que busca el Gobierno es incentivar o no las exportaciones", dijo. Y descartó de plano los argumentos de quienes quieren impugnar judicialmente el esquema.
Esta mañana, el ministro del Interior, Florencio Randazzo ratificó el esquema y dijo que el "Gobierno no está de acuerdo en volver atrás".
Lejos de las rutas, la respuesta judicial
El gobierno de San Luis presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la regularidad de la coparticipación que tiene "ligazón directa con la constitucionalidad de las retenciones".
"La de San Luis es una sola causa. Nos deben la coparticipación, porque las retenciones han provocado una baja en los ingresos porque, al no ser aprobadas por el Congreso, se están definiendo en base al patrimonio", afirmó el abogado por la provincia puntana, Rodolfo Barra.
Según el letrado consultado por Infobae.com, la expectativa es "más que positiva", porque la Constitución marca firmemente el error llevado a cabo por el Gobierno. "Creo que lo hay que hacer son planteos judiciales, hay que terminar con las protestas violentas, los verdaderos resultados se van a encontrar en la Justicia", afirmó el ex ministro del Gobierno de Carlos Menem con respecto a los cortes de ruta realizados por las entidades rurales a lo largo de todo el país.
Asimismo, con respecto a una posible respuesta por parte del Poder Judicial enfocada en una "medida económica necesaria", Barra destacó que no está contemplado en la Ley de Emergencia algún tipo de acción como la aplicada.
"La emergencia terminó hace mucho, porque desde que se pagó al Fondo Monetario Internacional, sin que se tuviera ningún beneficio en ese acto de liberalidad, se demuestra que el Estado está solvente, porque puede pagar las deudas aún vencidas", afirmó Barra y explicó que la medida "no se justifica".
¿Inconstitucional?
Infobae.com habló con dos reconocidos abogados constitucionalistas que rechazan la explicación oficial y advierten que el sistema de retenciones presentado y aplicado "es inconstitucional".
El abogado Ricardo Monner Sans cuestionó no sólo el origen de las retenciones, sino también su aplicación. "¿Por qué no aplican este sistema a los juegos tragamonedas, a los casinos o a las transacciones financieras?", se preguntó el letrado en diálogo con Infobae.com y subrayó que "se está cometiendo un pecado muy grande, porque en estas derrotas económicas se comenten errores que tienen consecuencias en los más pobres".
"Estoy de acuerdo en una auténtica democracia, en donde los ricos aporten para que los pobres estén mejor, pero no con que se mate a la gallina de los huevos de oro", aseguró.
El constitucionalista Gregorio Badeni resaltó la responsabilidad del ex ministro de Economía, Martín Lousteau, en el sistema de retenciones indicando que el ex funcionario podría ser "la sustanciación de una causa penal".
"Y como el artículo 103 de la Constitución dice que los ministros sólo pueden dictar resoluciones sobre temas de administración o economía propias de sus departamentos de Estado, hubo una manifiesta de la ley fundamental por parte del ministro de Economía, un ejercicio abusivo del poder que puede acarrear la sustanciación de una causa penal".
El letrado señaló que ya se han abierto varias causas cuestionando la constitucionalidad de las retenciones, pero que el caso emblemático se encuentra en el fallo dictado por la magistrada Liliana Heiland, quien consideró al sistema como contrario a la Ley Fundamental.
"Esa sentencia seguramente ya fue apelada por el Estado y la Cámara de Apelaciones decidirá si confirma o no el fallo. En caso de confirmarlo o no la decisión de la cámara será apelable por vía del recursos extraordinarios ante la Corte Suprema. Hay que ver cómo responden los demás ante estas resoluciones, si prosperan o no", completó.
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Puntos importantes
La opinión de Daniel Sticco: La discusión por la constitucionalidad o no de las retenciones parece ociosa, desde el momento mismo en que los productores, a regañadientes, habían aceptado de hecho hasta un tope del 35%, equivalente a 52,8% del valor neto de ese gravamen aduanero que percibe el exportador.
Sin embargo, la voracidad fiscal, para hacer frente a un gasto público que sigue creciendo más que lo aceptable, como sería el aumento real del PBI más el alza promedio de los precios de la economía a tasas inferiores a 10% anual, ha llevado a implementar un esquema confiscatorio, porque el precio actual de la soja trepó a 46%, equivalente a 85,2% de lo que le queda al exportador y mucho más de lo que percibe el primer eslabón de la cadena, el productor de la oleaginosa, porque entre esos dos extremos hay gastos desde el almacenamiento hasta el transporte a puerto.
El jefe de Gabinete destaca a estas ganancias como parte de un cuadro que prevalecerá en los próximos 10 años y además que se justifica porque, después de 90 días de protesta del agro con características sin precedentes, esos recursos se destinarán para construir hospitales, escuelas, caminos rurales y viviendas.
Pero si se trata de un escenario que se prevé prevalecerá en los próximos 10 años, entonces dejará de resultar una ganancia "extraordinaria", para convertirse en común y en ese caso basta con que tribute el impuesto homónimo, el cual es coparticipable con las provincias. Y si realmente se trata de un beneficio extraordinario no parece recomendable que se lo destine a una inversión pública sensible, como es la construcción de hospitales, escuelas y viviendas, las cuales no deberían detenerse si el ciclo de precios se da vuelta. Los más atinado, en todo caso, es destinar los ingresos "extras" del fisco a cancelar deudas.
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