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Miercoles 25 de Noviembre
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Las irregularidades de AMIA avanzan hacia el juicio oral

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El juez federal Ariel Lijo reanudó el trámite para enjuiciar al ex juez Juan José Galeano y al ex titular de la Side Hugo Anzorreguy, entre otros, por las graves fallas cometidas en la investigación

Vanesa Petrillo (Infobae.com)  

A pesar de que existen una serie de apelaciones que demoraban la elevación del caso a juicio, el juez decidió seguir adelante con el trámite amparado en la reciente reforma del Código Procesal Penal que establece que los recursos pendientes en la Cámara de Casación y en la Corte Suprema no suspenden la elevación.

Lijo fue confirmado al frente de esta investigación semanas atrás por la Cámara Federal, que rechazó los planteos de recusación existentes contra el magistrado.

Antes de que se paralizara el trámite tendiente a que el caso vaya a juicio Memoria Activa había pedido enjuiciar a Galeano, los fiscales Eamon Mullen, José Barbaccia, Anzorreguy, los ex integrantes del organismo Patricio Miguel Finnen, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el ex detenido del caso Carlos Alberto Telleldín, su ex esposa Ana María Boragni y su abogado Víctor Alejandro Stinfale.
Ahora deberían presentar las acusaciones el ministerio de Justicia y la fiscalía, luego de lo cual el juez derivará todo el expediente al tribunal oral que deberá realizar el juicio.

En el juicio se ventilará el pago de 400 mil dólares provenientes de fondos reservados de la SIDE a Telleldín para incriminar a los ex policías bonaerenses que terminaron absueltos en el juicio.

De acuerdo a los hechos probados en instrucción, Anzorreguy, entonces titular de la SIDE, autorizó el pago y entregó el dinero a los agentes Patricio Finnen y Alejandro Brousson -ambos a cargo de la Sala Patria de la SIDE; el último fallecido recientemente, para que éstos organizaran e instrumentaran el pago con sus empleados, "todo ello, bajo la supervisión del juez Galeano", según la acusación de Memoria Activa.

La entidad acusó a Galeano del delito de peculado, coacción, falsedad ideológica de documento público, privación abusiva de la libertad reiterada en cuatro casos, y prevaricato, mientras que a Anzorreguy se le imputó el delito de peculado.

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