11-06-08 | Política
Piden procesamiento para los ocho ruralistas de San Pedro
Se trata del dirigente de la Sociedad Rural local Raúl Victores y de su hijo, y de Juan Kissling, Juan y Fernando Morreres, Alberto Batalla, Fabián Pascual y Reinaldo Bianchini, todos acusados de cortar rutas y quemar pastizales
El fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, pidió hoy el procesamiento de los ocho productores rurales de San Pedro que habían sido detenidos el 30 de mayo pasado.
Se trata del dirigente de la Sociedad Rural de San Pedro Raúl Victores, su hijo, Rufino, y los productores agropecuarios Juan Kissling, Juan y Fernando Morreres, Alberto Batalla, Fabián Pascual y Reinaldo Bianchini.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal Murray le pidió al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que dicte el procesamiento de los ocho productores por el delito de "incendio doloso" y por la interrupción de la Ruta 9 en el marco de un piquete.
Según el Código Penal, la figura de "incendio doloso" prevé una pena de 3 a 10 años de prisión, en tanto que por interrumpir una ruta nacional el delito estipula 2 años de cárcel como máximo.
El fiscal Murray consideró como una prueba clave, entre otras, una grabación de una radio local de San Pedro que transmitió en vivo los hechos denunciados y allí quedaron registradas las voces de los ruralistas implicados, que narraban lo que estaba sucediendo.
Además, también se basó en numerosas declaraciones testimoniales, de personal civil y de las fuerzas de seguridad, que dieron por probados los hechos denunciados.
Se trata del dirigente de la Sociedad Rural de San Pedro Raúl Victores, su hijo, Rufino, y los productores agropecuarios Juan Kissling, Juan y Fernando Morreres, Alberto Batalla, Fabián Pascual y Reinaldo Bianchini.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal Murray le pidió al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que dicte el procesamiento de los ocho productores por el delito de "incendio doloso" y por la interrupción de la Ruta 9 en el marco de un piquete.
Según el Código Penal, la figura de "incendio doloso" prevé una pena de 3 a 10 años de prisión, en tanto que por interrumpir una ruta nacional el delito estipula 2 años de cárcel como máximo.
El fiscal Murray consideró como una prueba clave, entre otras, una grabación de una radio local de San Pedro que transmitió en vivo los hechos denunciados y allí quedaron registradas las voces de los ruralistas implicados, que narraban lo que estaba sucediendo.
Además, también se basó en numerosas declaraciones testimoniales, de personal civil y de las fuerzas de seguridad, que dieron por probados los hechos denunciados.
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