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Lunes 30 de Noviembre
19-04-08 | Política Imprimir
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Destacan la política de Derechos Humanos de la Argentina

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Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se señaló la necesidad de seguir los delitos de este ámbito ocurridos durantes la última dictadura militar como así también en la democracia

El director ejecutivo de CELS, Gastón Chillier, advirtió que las recomendaciones de las Naciones Unidas a la Argentina en esa materia "demuestran que la reapertura de los juicios por los crímenes de la dictadura debe entenderse como un punto de partida y no de llegada".

Así lo informó el CELS, entidad que consideró que "los compromisos asumidos por el Estado argentino ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pueden ser interpretados como un primer paso en la dirección correcta".

Sin embargo, Chillier remarcó que "el verdadero desafío será traducir estos compromisos en políticas concretas que impliquen mejoras sustanciales en la situación de los derechos humanos en la Argentina".

"Las recomendaciones realizadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU definen un agenda clara en temas relacionados no sólo con las respuestas del Estado frente a las violaciones de la dictadura militar sino también con la situación de derechos humanos en democracia", enfatizó el directivo del CELS.

La entidad resaltó que "en el marco del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Estado argentino aceptó las recomendaciones del organismo internacional y se comprometió a profundizar el proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, mejorar las condiciones de detención y garantizar el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes y de los pueblos indígenas".

En ese sentido, el CELS explicó que sobre los crímenes de la dictadura "el Consejo evaluó positivamente los avances señalados por el Estado, pero también reconoció la existencia de problemas de seguridad y de estrategia judicial para lograr el juzgamiento de los responsables".

"La ONU -enfatizó- subrayó la necesidad de asegurar la adecuada implementación de políticas de protección para los testigos y defensores de derechos humanos y reclamó al Estado adoptar medidas para garantizar que los procesos se lleven a cabo en forma rápida y efectiva".

En estas recomendaciones -dijo el CELS en un comunicado- "se evidenció la preocupación de la comunidad internacional frente a los nuevos obstáculos que enfrenta el proceso de justicia".

"La sobrepoblación en las cárceles, el abuso de la prisión preventiva, las inhumanas condiciones de detención y la necesidad de adoptar medidas para prevenir la tortura fueron otros de los ejes centrales del Examen", precisó.

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