El ministro Aníbal Fernández impulsa a que se persiga sólo a los narcotraficantes. Su iniciativa fue recibida con frialdad por otros sectores oficiales y con fuertes cuestionamientos de especialistas

El proyecto oficial de despenalización del consumo de drogas fue recibido con críticas de varios especialistas y con un sugestivo silencio de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).
El titular de ese organismo público, José Ramón Granero, continuaba en Viena, Austria, en la misma reunión de la ONU en la que el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, presentó la propuesta argentina de modificar la "Ley de Drogas" vigente.
Voceros de la SEDRONAR aclararon que el secretario evitará hablar sobre la propuesta que hoy fue explicada y aclarada por Fernández, hasta su regreso, y se abstuvieron de dar una posición sobre la iniciativa del ministro.
La relación entre ambos funcionarios nunca logró ser del todo armoniosa, debido a la dura pulseada que ambos mantuvieron sobre el control de las políticas vinculadas a la lucha contra las drogas y la asistencia a los adictos, dos funciones que concentraba en principio la SEDRONAR.
Junto al sugestivo silencio de Granero, dos reconocidos especialistas consultados por DyN tuvieron reparos, más o menos, profundos a la intención de Aníbal Fernández de ablandar los controles represivos sobre los consumidores.
El ex titular de la Secretaría de Drogas y redactor de la actual ley vigente, Lorenzo Cortese, advirtió que "sería un error conceptual tremendo considerar que la sola modificación de la norma va a resolver las cosas".
"Este mismo gobierno le quitó atribuciones y recursos a las tareas de prevención que tenía la SEDRONAR. Los recursos asignados son escasos y esas decisiones se tomaron mientras se produjo una profundización de consumo y un crecimiento del narcotráfico que es alarmante", consideró Cortese.
"Nadie es dueño de la verdad y tal vez sea hora de modificar la ley, porque los patrones de consumo y de narcotráfico cambiaron", consideró Cortese, aunque aclaró que la normativa actual "no quiere condenar a los consumidores, sino que hizo un equilibrio entre la represión y la atención sanitaria del adicto".
La legislación está vigente en el país desde 1989. Pasados casi 20 años, se avecina una novedosa reforma que apuntará a dejar de castigar penalmente a los usuarios de drogas para hacer foco en la persecución del tráfico, la producción y el desvío de precursores químicos (es decir, los productos que se necesitan para cocinar la pasta base y convertirla en cocaína).
El comité es independiente y está integrado mayormente por jueces y fiscales con experiencia en drogas: la fiscal Mónica Cuñarro, la jueza Patricia Llerena, los jueces Marcelo Madina y Roberto Falcone, el camarista Horacio Catanni. Lo integran, además, el sociólogo Alberto Calabrese y la psicoanalista Eva Giberti.
"La propuesta que hagamos no será vinculante. El Gobierno puede perfectamente terminar desechándola", dijo a Clarín la fiscal Cuñarro. Y agregó: "Los jueces y fiscales estamos cansados de ocuparnos de los adictos. Queremos ocuparnos de cosas más importantes, como el narcotráfico. Creo que ahí es donde debe ponerse el acento de la ley".
La primera reunión del comité científico será mañana a las 11 en una oficina del Ministerio de Justicia y Seguridad. La idea es que se reúnan cada 15 días, no tienen plazo alguno para terminar de elaborar su propuesta. Para su trabajo, el comité contará con una encuesta que se hizo en 51.000 hogares del país para determinar el perfil del consumo.