16-01-08 | Política
La polémica jueza que quiere gobernar la Ciudad
Se trata de la magistrada Elena Liberatori. Trató de impedir dos veces la intervención de la obra social municipal, pese a que la Legislatura había sancionado una ley. Hoy, decidió obligar al gobierno porteño a mantener 2.300 empleados con contratos rescindidos. Ambas medidas las había tomado Mauricio Macri
La titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal tiene un polémico perfil: fue la responsable de un fallo que pretendió impedir una exposición del artista León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta, entre otras medidas que generaron críticas.
La magistrada, con antecedentes cuestionables en la administración de Justicia, se cruzó en el camino de la flamante gestión del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el momento menos oportuno. En medio de la pulseada que el mandatario comunal mantenía con el gremio de los estatales, SUTECBA, intentó complicar el gobierno.
La jueza emitió un fallo que buscó frenar la aplicación de un decreto de intervención de la obra social de los municipales, la ObSBA, y obligó al gobierno de la Ciudad a impulsar en la Legislatura porteña la sanción de una ley específica para tomar el control de la "caja" sindical.
La misma Elena Liberatori de Aramburu, y ya vigente la Ley, pretendió ubicarse en el lugar del jefe de Gobierno, al volver a fallar -ante un pedido del mismo sindicato- para limitar la aplicación de esa norma. Su sentencia implicaba desactivar la intención de Mauricio Macri de reorganizar el sistema de salud que cubre a los empleados del Estado porteño.
Después de semejantes intervenciones, hoy la jueza volvió a ponerse en el centro de la escena, al dar un amparo -esta vez presentado por otro gremio, ATE- que intenta dejar sin efecto otra de las medidas centrales que aplicó Macri en sus primeros días de gobierno: la reducción del personal ocioso, algunos de los cuales son "ñoquis".
"La aceptación del amparo implica que la jueza reconoce que la relación de empleo está comprobada y será un impedimento para que Mauricio Macri siga avanzando con los despidos", reveló, eufórico, el secretario adjunto de ATE Capital, Rodolfo Arrechea, tras recibir la buena noticia de la magistrada.
El propio jefe de Gobierno denunció que desde el juzgado de Liberatori se intenta "poner palos en la rueda a la gestión", vía sentencias que ponen en entredicho sus decisiones administrativas.
Desde los ámbitos políticos más encumbrados de la Ciudad ya existen fuertes intenciones de avanzar con un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura, decisión que aún se mantiene en suspenso, ya que Macri todavía no tomó una determinación.
La magistrada, con antecedentes cuestionables en la administración de Justicia, se cruzó en el camino de la flamante gestión del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el momento menos oportuno. En medio de la pulseada que el mandatario comunal mantenía con el gremio de los estatales, SUTECBA, intentó complicar el gobierno.
La jueza emitió un fallo que buscó frenar la aplicación de un decreto de intervención de la obra social de los municipales, la ObSBA, y obligó al gobierno de la Ciudad a impulsar en la Legislatura porteña la sanción de una ley específica para tomar el control de la "caja" sindical.
La misma Elena Liberatori de Aramburu, y ya vigente la Ley, pretendió ubicarse en el lugar del jefe de Gobierno, al volver a fallar -ante un pedido del mismo sindicato- para limitar la aplicación de esa norma. Su sentencia implicaba desactivar la intención de Mauricio Macri de reorganizar el sistema de salud que cubre a los empleados del Estado porteño.
Después de semejantes intervenciones, hoy la jueza volvió a ponerse en el centro de la escena, al dar un amparo -esta vez presentado por otro gremio, ATE- que intenta dejar sin efecto otra de las medidas centrales que aplicó Macri en sus primeros días de gobierno: la reducción del personal ocioso, algunos de los cuales son "ñoquis".
"La aceptación del amparo implica que la jueza reconoce que la relación de empleo está comprobada y será un impedimento para que Mauricio Macri siga avanzando con los despidos", reveló, eufórico, el secretario adjunto de ATE Capital, Rodolfo Arrechea, tras recibir la buena noticia de la magistrada.
El propio jefe de Gobierno denunció que desde el juzgado de Liberatori se intenta "poner palos en la rueda a la gestión", vía sentencias que ponen en entredicho sus decisiones administrativas.
Desde los ámbitos políticos más encumbrados de la Ciudad ya existen fuertes intenciones de avanzar con un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura, decisión que aún se mantiene en suspenso, ya que Macri todavía no tomó una determinación.
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