Un fiscal propone desestimar denuncia por los dichos de Zaffaroni

El fiscal federal Ramiro González consideró que el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni no cometió delito por sus dichos acerca de la finalización anticipada del gobierno de Mauricio Macri.

Zaffaroni había sido denunciado por los delitos de incitación a la violencia y apología del crimen por el abogado cercano al PRO Santiago Dupuy y el caso recayó en el juzgado de Ariel Lijo. González, de turno con Lijo durante todo el año, no impulsó la acción penal y solicitó la desestimación del caso, por lo que el juez –ante la falta de impulso por parte del fiscal– se encamina a desestimar el caso.

En un dictamen al que Infobae accedió en fuentes judiciales, el fiscal reseñó los dichos de Zaffaroni en un reportaje que le realizó Juan Martín Ramos Padilla en Radio Caput. El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dicho:

– "…Los CEO pretenden ocupar totalmente el lugar de la política y avanzan sin contención, sin riendas. Se busca establecer un proyecto de sociedad con un 30 por ciento de incluidos y 70 por ciento de excluidos…".

"Tomás medidas antipopulares, vas desarmando la precaria cosa del Estado de bienestar que teníamos y lógicamente eso va produciendo resistencia. Vos fijate que cualquier extranjero un poco distraído que vea lo que está pasando en la Argentina cree que estamos en una dictadura, porque las dictaduras son las que persiguen cruelmente a sus opositores; y acá no es una dictadura, pero hay una persecución cruel de opositores".

"El señor Gerardo Morales y su Justicia se están mofando de la Corte Suprema argentina, que le dijo que hay que cumplir la medida provisional de la Corte Interamericana. Y el señor Morales no la cumple: se ríe de la Corte Suprema Nacional. Y la Corte Suprema se calla la boca".

"Resistir lo puede hacer cada uno desde el ámbito que le corresponde, y en el espacio que puede. A la resistencia no violenta me refiero. No deprimirse. Tiempo. Todo pasa. Esto va a pasar, como pasamos la dictadura, el menemismo, a Cavallo".

"Hay que tener mucho cuidado, porque cuando un aparato de poder de esta naturaleza se ve frente a una crisis de esa naturaleza, toma medidas locas en el último momento, y esas medidas locas son peligrosas. Nos costó la Guerra de Malvinas, el estado de sitio de 2001, los muertos en la Plaza de Mayo. Hay que tener mucho cuidado, porque puede haber violencia y muertos, y los muertos siempre los ponemos nosotros lamentablemente. Entonces hay que advertirlo; hay que tener cuidado con el colapso final, que va a ser económico…Esto va a la catástrofe, no provocada por un partido político, sino el propio fracaso, la propia inviabilidad de lo que están haciendo, que es una entrega colonialista del país".

"¡¡¡Si llegamos al 2019!!!"… "Yo quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal. Lo decisivo va a ser la crisis del programa económico inviable. Por otra cosa, no se van a ir".

Luego de reseñar los dichos de Zaffaroni, el fiscal González señaló que "si se observa el contenido de las expresiones vertidas por el Dr. Zaffaroni en la entrevista en cuestión, es claro que no se ha incitado a la violencia contra un grupo de personas o instituciones. Es notorio que estamos ante una visión subjetiva, política de la realidad argentina que se puede compartir o no, pero de ninguna manera que pueda ser considerada incursa dentro de la conducta que tipifica el art. 212 del Código Penal de la Nación".

En este caso, el artículo 212 del Código Penal señala que "será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación".

González agregó que los dichos de Zaffaroni están amparados por la Libertad de Expresión que rige en nuestro país: "Aunando en ello, se trata de expresiones realizadas por un ex Magistrado de la Nación, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que realiza afirmaciones sobre situaciones políticas cotidianas y que como tales, constituyen una visión propia de la realidad en donde está inmerso. Es claro que estas expresiones se dan dentro del derecho a expresar nuestras opiniones contenido en el bloque constitucional y que como tal goza de completa protección".

El fiscal consideró, además, que "esta situación descarta de plano que a través de estas expresiones se haya cometido el tipo penal contenido en el art. 213 del Código Penal, el cual pune a quien exalta, pondera, elogia o presenta como meritorio el delito cometido o al condenado por un delito".

Por lo tanto, el fiscal consideró que Zaffaroni no cometió ningún delito: ni intimidación pública ni apología del crimen, como rezaba la denuncia.

En cambio el fiscal sí consideró que debe investigarse si hubo delito en una situación sucedida el 14 de febrero pasado cuando personal de la División Apoyo Tecnológico y Judicial de la Policía Federal fue a Radio Caput a buscar la grabación de la nota a Zaffaroni.

González considera que Lijo debe mandar a sorteo para que otro juez investigue si hubo delito en los hechos sucedidos aquel día y que fueron relatados por los policías y por los testigos del procedimiento.

El fiscal explicó que en Radio Caput se negaron a recibir el oficio del juez Lijo quien solicitaba la grabación de la entrevista. El portero del edificio donde funciona la radio había permitido llegar a los policías con los testigos hasta la puerta de la emisora. Pasó una hora hasta la llegada del director de la radio, Juan Martín Ramos Padilla, quien pidió "de mala manera y de malos modos" –según el relato asentado en la actuación policial– que le entregaran el oficio previa identificación de los policías. Luego de eso, siempre según la versión policial y de los testigos, el director de la radio accedió a entregar la grabación de la nota.

Pero fue entonces que apareció en escena alguien que –según policías y testigos– se presentó como juez y dijo llamarse Juan Ramos Padilla. Según la reconstrucción de lo sucedido, Ramos Padilla "a los gritos increpó a los testigos y al personal policial", para luego manifestarles que no podían "tocarlo porque era diplomático". "Esto es un allanamiento ilegal", detalló.

Ante ese reclamo, los policías explicaron que el procedimiento "no era un allanamiento, que el portero les había facilitado el acceso al edificio y que nunca entraron al departamento en donde funciona la radio". Ramos Padilla –según consta en el dictamen del fiscal González– indicó que remitiría el audio al juzgado.

Los policías señalaron que Gonzalo Navarro, que trabaja en la radio, les copió la nota en un pen drive. Esta fue a su vez copiada por los policías en el pasillo del edificio en un DVD que luego fue enviado al juzgado de Lijo. Se sumó entonces a la escena la abogada María Florencia Piermarini, quien les pidió a los policías que dejaran asentada su presencia en el acta.

Luego de hacer la copia en DVD los policías tocaron timbre en la radio para que firmaran el acta. Los efectivos, además, denunciaron que fueron "acosados en forma verbal" por Ramos Padilla. Según González, se debe investigar si efectivamente fue el juez de Instrucción Juan Ramos Padilla quien se presentó ante los policías durante el procedimiento. De ser así podría haber incurrido en el delito de abuso de autoridad.

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