Interna sindical en Smata: allanaron la sede del gremio por una denuncia de corrupción

El juzgado federal de Junín, a cargo de Héctor Plou, ordenó un allanamiento en la sede central del gremio de los mecánicos, SMATA, por un faltante de $300 millones en la obra social sindical. Según confiaron fuentes judiciales, la denuncia fue hecha meses atrás por Alberto Fiori, uno de los tres revisores de cuentas del sindicato.

El denunciante es un dirigente del riñón gremial y muy cercano al secretario de Relaciones Institucionales de SMATA y diputado nacional, Oscar Romero. "Como revisor de cuentas hice mi trabajo: cuidar el dinero de los afiliados", sostuvo Fiori allá por julio cuando notó irregularidades en los balances.

La obra social de SMATA está en la mira de la justicia a raíz de la denuncia de Fiori, que antes de ir a los tribunales, había pedido la información del faltante al jefe nacional, Ricardo Pignanelli, quien no dio respuesta.

Como consecuencia de la presentación judicial, su sindicato fue intervenido por orden de Pignanelli. "A partir de mi intento de revisar las cuentas empezaron a aparecer situaciones extrañas y hasta un intento de toma de la seccional", comentó Fiori.

A su vez hay otra causa que habría causado el allanamiento. Ese otro expediente es por la falsificación de la firma de Romero en una reunión del Consejo Directivo en la que se avaló dicha intervención de la seccional.

Según trascendidos –que los propios actores desmienten– la guerra estalló semanas atrás por diferencias en la estrategia electoral. Pignanelli, que se había acercado al presidente Mauricio Macri, decidió respaldar a Cristina Kirchner –algo que explicitó después de las PASO– y dejó aislado a Romero, que es candidato en la lista de Florencio Randazzo.

Detrás de la pelea política se esconde también el control del gremio, ya que Pignanelli empezó a proyectar a su hijo Sergio (subsecretario gremial) como su sucesor, a sabiendas de que Romero busca quedarse con ese sillón.

Más allá de las disputas personales, no es la primera vez que la obra social de los mecánicos está bajo la lupa judicial: en el año 2007, estaba en concurso de acreedores ante la inminente quiebra. Para rescatarla, SMATA firmó un acuerdo con las terminales para que USD 100 por cada auto fabricado fueran destinados al rescate de la obra social.

El acuerdo sigue vigente aunque con otros valores: se pagan entre 200 y 400 pesos por auto patentado y un porcentaje mayor por los coches de alta gama. Según Adefa, desde el 2007 a la fecha se fabricaron casi 5.900.000 vehículos. Los números hablan por si solos.