Bajo estricta reserva y con el mandato del papa Francisco como telón de fondo, los 12 cancilleres que firmaron la Declaración de Lima contra Venezuela impulsan en estas horas una movida política para que en la próxima Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York se le exija al régimen de Nicolás Maduro que permita el ingreso de los relatores del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y haya una muestra de buena predisposición al diálogo de parte de Caracas.

Según consignaron a Infobae fuentes diplomáticas de la Argentina, Paraguay y Brasil, existe una firme intención del grupo de países de la Declaración de Lima de avanzar en un nuevo reclamo internacional al presidente Maduro para instar a una solución pacífica de la crisis venezolana. Concretamente, la intención de esta jugada diplomática en la Asamblea General de la ONU que se realizará el próximo miércoles en Nueva York es que los cancilleres de  Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú promuevan un nuevo reclamo a Maduro signado por dos puntos: habilitar a los relatores del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU a ingresar a Venezuela para una inspección in situ, y permitir que se inicie con esta apertura, un proceso de diálogo con la oposición.

"Hay que aprovechar el contexto de la Asamblea de la ONU y el reclamo que hizo el papa Francisco para dar un ultimátum a Venezuela", expresó a Infobae un destacado diplomático de Paraguay en consonancia con la Cancillería argentina. De esto hablaron ayer los presidentes Mauricio Macri y su par de Paraguay Horacio Cartes en una reunión que tuvieron en la Casa Rosada. Cuando se hace referencia al planteo papal se refiere expresamente al pedido que hizo Francisco para que la ONU intervenga en la crisis de Venezuela.

En tanto, se supo por medio de la diplomacia de Brasil que el presidente Michel Temer también está en línea con la opinión de sus pares de la región para avanzar en una fuerte jugada política en la ONU por la crisis venezolana. En las últimas horas hubo contactos de los 12 cancilleres de la región para darle forma al nuevo reclamo aunque no había consenso respecto a la posibilidad de que sea el mismo secretario General de la ONU el que se ponga al frente de las negociaciones por la crisis de Venezuela. En cambio, creen que la instancia de un órgano interno de Naciones Unidas sería una escalada menor que la puesta en juego del secretario general, el porugués Antonio Guterres.

Hace 15 días, el Alto Comisionado la ONU emitió un duro informe en el que acusó al régimen venezolano de aplicar "una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones". A su vez, el informe destacó que "el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados". En el documento, la Acnudh pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examine la posibilidad de tomar medidas para evitar que se agrave la situación en este ámbito en Venezula.

Ese informe fue rechazado de plano por el régimen de Maduro y calificó ese trabajo como “una patética demostración de que esa oficina que ha tomado el camino de denostar la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela”. También negó el pedido del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, para que se permita el ingreso de una misión para que examine la situación humanitaria interna.

Ante esta situación, los cancilleres de los países de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú que suscribieron la Declaración de Lima creen que se debe tomar cartas en el asunto y emplazar desde la ONU al régimen de Maduro. Estos cancilleres emitieron un documento que establece en 16 puntos su rechazo a la ruptura del orden democrático en Venezuela, su decisión de desconocer a la Asamblea Nacional (Congreso) y brindó su apoyo pleno y solidaridad con la Fiscal General y los integrantes del Ministerio Público de Venezuela. También esos cancilleres habían exigido la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alcanzar una solución a la crisis de Venezuela e impedir que asuma la Asamblea Constituyente que derribó todo orden constitucional.

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