Mauricio Macri evalúa pedir que los jefes sindicales muestren sus declaraciones patrimoniales de bienes

Lo analiza la Oficina Anticorrupción para poner en evidencia el incremento patrimonial de algunos sindicalistas

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Mauricio Macri y parte del sindicalismo en un acto en la Casa Rosada en agosto del año pasado, cuando el Gobierno anunció la devolución de un fondo de las obras sociales de los sindicatos
Mauricio Macri y parte del sindicalismo en un acto en la Casa Rosada en agosto del año pasado, cuando el Gobierno anunció la devolución de un fondo de las obras sociales de los sindicatos

Cuatro días después de la marcha de la CGT a la Plaza de Mayo y de la respuesta del presidente Mauricio Macri a los gremios opositores al eyectar de la Casa Rosada a dos funcionarios ligados a la central obrera, el Gobierno prepara otra embestida contra los sindicatos: la Oficina Anticorrupción (OA) analiza por estas horas una fórmula legal para pedir a los máximos referentes de los gremios que muestren sus declaraciones patrimoniales de bienes.

Según confirmaron a Infobae varios funcionarios de la Casa Rosada, la intención del Gobierno es poner de manifiesto el abultado incremento patrimonial que tienen hoy muchos de los sindicalistas que se subieron al palco de la CGT en la Plaza de Mayo y también de otros que no estuvieron allí.

"Todo se encuentra en estudio. No hay algo claro aún y queremos ser bien cuidadosos. Pero podemos decir que hay voluntad política del Gobierno para que los líderes sindicales muestren a la sociedad y a sus afiliados los bienes que tienen, ya que tanto critican al Presidente de liderar un gobierno para ricos", se sinceró un funcionario de alta jerarquía del Gobierno que está al tanto de esta nueva embestida oficial contra la CGT.

Por otra parte, un destacado funcionario del Gabinete aclaró que si bien la OA no tiene facultades legales para exigir que los gremialistas presenten sus declaraciones juradas de bienes porque no son funcionarios, se está analizando alguna herramienta legal para poder instar a los sindicalistas a quedar expuestos si no aceptan el desafío oficial.

Desde la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso se mostraron muy herméticos y no quisieron revelar nada. No obstante, se supo que hay un equipo de legales de esa dependencia que confía en encontrar una fórmula legal para exigir a los jefes de los grandes gremios que den a conocer sus bienes. "Hay que encontrar una interpretación jurídica y evaluar cada caso", dijo un funcionario a Infobae.

En ese sentido, no se descarta, por ejemplo, que se le pida la declaración jurada a los jefes de gremios vinculados con trabajadores del Estado y utilizar ese mecanismo como disparador para que el resto de los sindicalistas se vean obligados a mostrar sus bienes. En el Gobierno creen que este tema es uno de los "puntos más débiles" de los gremialistas a la hora de mostrarse ante la sociedad. Fuentes cercanas al presidente Macri remarcaron hoy que "los sindicalistas deben dejar atrás la hipocresía y mostrarle a la gente que se enriquecieron". En el Gobierno hacen salvedades y no creen que todos los jefes sindicales se hayan enriquecido ilegalmente, pero destacan que actualmente hay muy pocos referentes de los grandes gremios que vivan austeramente como el histórico Saúl Ubaldini, quien falleció cuando vivía en una de las oficinas de la CGT de Azopardo luego de los años en los que enfrentó a Raúl Alfonsín con 13 paros generales.

La embestida del Gobierno contra los gremios tiene un antecedente: en mayo pasado, en medio de la protesta contra el Gobierno que protagonizaron cuatro de las cinco centrales obreras, la diputada Elisa Carrió (CC-Cambiemos) presentó un proyecto de ley para obligar a “autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales y obras sociales” a presentar declaraciones juradas en los términos de la ley de Ética Pública. La iniciativa enfureció a los sindicalistas, que no tardaron en cuestionarla duramente. Finalmente, la iniciativa de la diputada aliada del Gobierno no prosperó. Ese proyecto proponía que las entidades presentaran “declaraciones juradas por los cinco periodos fiscales anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley” y que las personas mencionadas sean pasibles de ser alcanzadas por el mismo tipo de delitos que los funcionarios públicos, en especial el delito de enriquecimiento ilícito. Algunas de estas herramientas legales son las que analiza en estas horas la Oficina Anticorrupción.

En el Gobierno creen que se debe replantear el esquema de poder del sindicalismo. Cuestionan que haya gremialistas como Omar Viviani (Taxistas), Amadeo Genta (Municipales), Rodolfo Daer (Alimentación), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (Uocra) o Hugo Moyano (Camioneros) que llevan entre 20 y 30 años en el poder. No sólo eso. También les cuestionan el abultado incremento patrimonial que no se condice con el discurso en favor de la clase trabajadora que pregonan. Esta limpieza de cara o “sinceramiento” de la clase dirigente gremial va en línea con el nuevo modelo sindical que pretende imponer Macri en su lucha contra la CGT. El presidente está convencido de que ante un reclamo popular de que los sindicalistas muestren sus declaraciones de bienes, estos tendrán escaso margen de maniobra y muchos de ellos quedarán expuestos públicamente.

En el caso de concretarse la embestida del Gobierno contra los sindicalistas, será la segunda afrenta que tendrá Macri después de las PASO. El mismo martes de la marcha de la CGT a la Plaza de Mayo fueron desplazados de sus cargos el viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, y el superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino, identificados con dos de los sectores participantes de la manifestación. En el caso de Sabor, su nominación había sido una concesión al gastronómico Luis Barrionuevo mientras que el hasta ayer mandamás de las obras sociales y las prepagas era considerado, a pesar de su perfil técnico, como un hombre de José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

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