Tragedia de Once: un ex funcionario acusado junto con Julio De Vido no podrá trabajar en el Estado

Un ex funcionario que será juzgado junto con el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once no podrá ocupar cargos en el Estado hasta tanto termine la causa penal.

Se trata de Gustavo Simeonoff, quien era titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) cuando en febrero de 2012 fallecieron 52 personas en la estación de Once, y que fue suspendido en su cargo en el Ministerio de Hacienda sin el pago del sueldo.

Simeonoff fue apartado por "la gravedad de los hechos cuya comisión se le atribuyen, los delitos que se le imputan y su situación procesal…. hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en la causa penal".

La jueza en lo contencioso administrativo federal Cecilia De Negre rechazó hace 10 días un amparo de Simeonoff para volver al cargo y confirmó su suspensión, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La resolución se conoce cuando la Cámara de Diputados discute la expulsión de De Vido como legislador por las causas judiciales en su contra, entre ellas la de la tragedia de Once.

Simeonoff es planta permanente de la administración pública. Fue desde 1993 director nacional en la ex ONABE –actual Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)– y en 2002 pasó a la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía. En 2003 fue designado secretario ejecutivo de la UNIREN. Se trata de un organismo clave porque se encarga de la renegociación de los contratos de servicios públicos, entre ellos los de transporte ferroviario. Paralelamente era director en Aerolíneas Argentinas.

Simeonoff es abogado y estaba a cargo de la UNIREN cuando el 22 de febrero de 2012 un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once y fallecieron 52 personas y más de 700 resultaron heridas. La explotación del Sarmiento estaba a cargo de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) y con el contrato vencido.

El juez federal Claudio Bonadio procesó a Simeonoff y a De Vido y el 5 de septiembre del año pasado ambos fueron enviados a juicio oral por los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta.

Según la acusación, Simeonoff conocía el "deficiente estado del material rodante de la concesionaria'' TBA y el "sostenido decaimiento de los bienes dados en concesión para la prestación del servicio", a pesar de lo cual no impulsó sanciones contra la empresa.

Con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, Simeonoff continuó en la UNIREN hasta su disolución en febrero de 2016. Pasó a ser asesor de la secretaría de Hacienda, que estaba a cargo del ex diputado del Frente para la Victoria Gustavo Marconato. Los familiares de víctimas de la tragedia de Once pidieron que sea apartado del cargo y lo calificaron como "uno de los principales laderos de De Vido".

El entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, lo separó del cargo en diciembre de 2016. Y el 25 de enero pasado el presidente y vice de la AABE, Ramón Lanús y Pedro Comín Villanueva respectivamente, dictaron la resolución 29 por la cual le iniciaron a Simeonoff un sumario administrativo y dispusieron su suspensión preventiva sin el pago de haberes por la acusación en la causa por la tragedia de Once.

"Que, en atención a la gravedad de los hechos cuya comisión se le atribuyen, los delitos que se le imputan y su situación procesal, corresponde disponer el inicio de las correspondientes actuaciones sumariales", señala la resolución de la AABE.

La medida fue tomada en base al Reglamento de Investigaciones Administrativas que establece que se podrá suspender a un agente público "cuando el proceso se hubiere originado en hechos del servicio o a él vinculados".

La suspensión es "hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en la causa penal a su respecto".

Simeonoff llevó el caso a la Justicia y presentó un amparo para que se levante la suspensión y le asignen tareas. Señaló que la acusación en su contra no está vinculada a su trabajo en la AABE, un organismo que no tiene competencia en materia ferroviaria y pidió que le asignen una función.

También sostuvo que las causas que involucran a funcionarios públicos duran mucho tiempo y que para cuando el proceso por la tragedia de Once culmine estará en condiciones de jubilarse -hoy tiene 56 años-, por lo que estará privado de trabajar.

"No estamos en contra de que Simeonoff trabaje, sino que estamos en contra de que ocupe un cargo dentro de la administración pública. Para que los argentinos tengamos un Estado sano que trabaje para todos y todas es imprescindible que la Justicia actúe, impidiendo que quienes causaron daños irreparables en el tejido social retomen sus lugares, impidiéndoles así la posibilidad de generar otros desastres como la masacre de Once", señalaron familiares y amigos de la tragedia cuando se conoció el reclamo de Simeonoff.

El planteo del ex titular de la UNIREN fue rechazado. La fiscal Laura Labarthe dictaminó que un amparo es una vía judicial rápida para situaciones en las que "deben aparecer configuradas la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta" del caso y que no se dan en la presentación de Simeonoff.

Agregó que la AABE "ejerció su facultad discrecional tomando en cuenta tales circunstancias, las que plasmara en el acto que así lo decidió, sin que advierta, en principio, la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que exige la ley de amparo para que tome procedente la acción".

La jueza De Negre compartió el criterio y el 13 de julio pasado –un día antes de la feria judicial– rechazó el amparo. Cuando el próximo lunes regrese la actividad a tribunales, Simeonoff podrá apelar a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que revise la decisión.

Por la tragedia de Once, el Tribunal Oral Federal 2 condenó en diciembre de 2015 a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, a la pena única de seis años de prisión, y Juan Pablo Schiavi, a ocho años; a Sergio Cirigliano, dueño de TBA, a nueve años; a 17 ex directivos de esa compañía; y a Marcos Córdoba, el motorman que manejaba el tren, a tres años y seis meses.

Las penas son de cumplimiento efectivo de prisión pero ninguno de los condenados está detenido porque la Cámara Federal de Casación no resolvió si las confirma o las revoca. Jaime está preso desde abril del año pasado pero en otras causas.

El entonces titular de la UNIREN declaró el 25 de noviembre de 2014 como testigo en el juicio y tras las condenas el tribunal oral ordenó investigar a varias personas, entre ellas Simeonoff y De Vido, a pedido del fiscal Fernando Arrigo.

El proceso oral contra estos ex funcionarios será el segundo por la tragedia de Once. Los dos acusados, el fiscal Juan García Elorrio y la querella que representa a los familiares de las víctimas ya presentaron las pruebas que quieren que se analicen en el juicio. De Vido pidió ser juzgado por un jurado popular, lo que está establecido en la Constitución Nacional pero no fue reglamentado por ley.

De las causas en las que el ex ministro de Planificación está procesado esta es la primera que llega a juicio oral. Ahora los jueces del Tribunal Oral Federal 4, Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, tienen que resolver qué prueba se analizará en el juicio y fijar la fecha de inicio. La expectativa es que sea antes de fin de año.