Qué dicen los tres proyectos de Cambiemos para expulsar a Julio De Vido de la Cámara de Diputados

En conferencia de prensa, el jefe del bloque, Nicolás Massot, anunció la convocatoria para el próximo miércoles a las 11, a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar todas las iniciativas que necesitan de una mayoría simple para su aprobación. Según informaron a Infobae desde Cambiemos, “el objetivo es avanzar contra De Vido, pero todavía estamos viendo el tema de los votos”.

El primer proyecto, presentado en el 2016, es del radical de Santa Cruz Eduardo Costa y hace referencia a los casos de los diputados Luis Olmedo Cortés y José Núñez, que fueron separados en 1925 por haber sido imputados de obtener ilícitamente dinero del Banco de Mendoza. También rescata las expulsiones en 1940 de José Guillermo Bertotto, a raíz de su vinculación con la venta de tierras del Palomar; de Ángel Luque (1991) por “expresiones que se consideraron inadmisibles respecto del crimen de María Soledad Morales en Catamarca”; y de Hilda Ancarani de Godoy (2002), por haber amenazado a dos periodistas.

En cuanto a los argumentos, Costa destaca que hay “sobrados elementos para que (a De Vido) se lo excluya de este cuerpo por indignidad”. En este punto, detalla que el ex funcionario kirchnerista se encuentra involucrado en 130 causas en las que la Justicia investiga su participación clave como ministro de Planificación y Obras Públicas del gobierno anterior.

Entre otras, enumera la causa por enriquecimiento ilícito y su participación en las investigaciones sobre Sueños Compartidos, donde deberá declarar como responsable de los fondos girados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo; en la causa Yacimiento de Río Turbio, por compras y convenios celebrados entre YCRT y la Universidad Tecnológica Nacional por compras con marcados sobreprecios y otras que nunca llegaron a la empresa estatal. También, la investigación “Pan American Energy – PAE”, donde se investiga un supuesto pago de coimas millonarias a cambio de la extensión del contrato de Cerro Dragón; y su procesamiento en el marco de la tragedia de Once.

“La dignidad de esta Cámara se encontraría bajo sospecha tolerando la presencia de una persona que aparece en el corazón de maniobras de corrupción”, destaca Costa en su proyecto.

El segundo de los proyectos es de Elisa Carrió. La candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires argumenta la expulsión de De Vido del Congreso por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”, además de la “inhabilidad moral”.

Sobre el trágico accidente ferroviario, señaló: “No estamos hablando solo de un funcionario que omite la función de control de una empresa concesionaria. No es negligencia. La inacción que desencadenó la muerte de 51 personas se debe a la acción dolosa de un ministro que, como denuncié en el 2008, forma parte de una asociación ilícita que tenía un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública”.

Entonces, para Carrió, el auto de elevación a juicio en la causa de la tragedia de Once, junto con los demás antecedentes, “son causal suficiente para que el diputado Julio De Vido sea excluido de su banca por su evidente ‘inhabilidad moral’ para integrar este cuerpo de representantes del pueblo, al que el ministro ha defraudado vergonzosamente como funcionario nacional” .

El último de los proyectos del oficialismo es firmado por Silvina Lospennato, en donde tambien se hace referencia a la responsabilidad del ex funcionario kirchnerista en la tragedia de Once. “Se advierte cómo la corrupción atenta directamente contra la institucionalidad de un país; de allí que la elevación a juicio en la causa de la tragedia de Once, junto con los demás antecedentes reseñados contra el diputado De Vido, son especialmente delicadas y exigen nuestra intervención. No se trata, pues, de delitos contra las personas o bien de hechos que no involucran su carácter de funcionario público: muy por el contrario, todas las conductas sindicadas como ilícitas giran en torno a su rol de servidor público, y por tal motivo son de una gravedad inusitada, de acuerdo a nuestra consideración”.

Un cuarto proyecto en esta línea fue elevado por la diputada por el Frente de Izquierda Soledad Sosa.