La Cámara resuelve si reabre otra causa contra Julio De Vido por Río Turbio

La Cámara Federal deberá resolver si confirma el sobreseimiento u ordena que el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido siga siendo investigado por el presunto pago de sobreprecios en la licitación para la construcción de la Central Termoeléctrica en la localidad santacruceña de Río Turbio.

Se trata de otra causa vinculada a Río Turbio, distinta a la de la semana pasada por la que el fiscal Carlos Stormelli pidió la detención de De Vido y otras 22 personas, pero en la que también se investigan irregularidades en la licitación pública.

Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia quedaron en condiciones de resolver el expediente. La expectativa en Comodoro Py, señalaron a Infobae fuentes judiciales, es que se resuelva esta semana, antes del inicio de la feria judicial de invierno que comienza el próximo lunes.

En este expediente se investiga licitación, construcción y ejecución de la Central Termoeléctrica Río Turbio. En 2006 se estimó un gasto de 1.500 millones de pesos y para 2011 la cifra era de 4.200.

Junto con De Vido están imputados el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta y los ex subsecretarios de Medio Ambiente de la provincia Francisco Anglesio y Mario Abel Díaz.

Todos ellos fueron sobreseídos en 2012 por el juez federal Claudio Bonadio en base a un peritaje que concluyó que no hubo sobreprecios. Pero la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó que se siga investigando.

El tribunal señaló que el peritaje fue deficiente porque participaron cuatro ingenieros y un tasador pero solo uno de ellos con la especialidad contable. Era uno de los peritos de la defensa y la Cámara ordenó nuevas medidas de prueba.

Ante la reapertura, el magistrado delegó la realización de la medidas en el fiscal Guillermo Marijuán que después de pedir informes a dos organismos solicitó el sobreseimiento de los acusados, lo que Bonadio dictó en mayo pasado.

Pero los fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez y Andrea Garmendia, apelaron. Lo mismo habían hecho la primera vez que la causa se había cerrado.

Los fiscales señalaron que no se cumplieron con todas las medidas de pruebas ordenadas por la Cámara y destacaron un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre las irregularidades en el manejo de los fondos públicos.

Ese informe fue la base del dictamen del fiscal Stornelli en el cual pidió la semana pasada la detención y desafuero de De Vido y de otras 22 personas, entre ellas el ex secretario de Minería Jorge Mayoral, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta y el ex coordinador general del Ministerio de Planificación Federal Jaime Álvarez.

El juez Luis Rodríguez consideró que por el momento la causa no tenía las pruebas reunidas para citar a indagatoria y detener a los acusados.

En ese expediente se investiga un fraude de por lo menos 264.935.123 de pesos que no se aplicaron en la puesta en marcha de la mina de carbón de Río Turbio.

Las dos causas sobre Río Turbio están vinculadas pero tramitan por separado. En una se investiga la licitación de la Central Termoeléctrica y en la otra la mina de carbón que iba a suministrar la central.

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