Cómo era la maniobra por la que piden la detención de Julio De Vido

Jaqueado por la Justicia, Julio De Vido enfrenta lo que hasta ahora asoma como su peor momento desde que dejó de ser el superministro del kirchnerismo. Sin embargo, las señales que llegan desde Comodoro Py permiten presumir que la situación del arquitecto predilecto de Néstor y de Cristina Kirchner aún no tocó fondo. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió el desafuero y la posterior detención del diputado nacional y ex ministro de Planificación en una causa en la que se investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio.

La pesquisa, en sus comienzos, se limitó a analizar contratos y convenios celebrados entre el ministerio a cargo de De Vido, las municipalidades de Río Gallegos y de Río Turbio y la Facultad Regional de Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (FRSC). Estos acuerdos dieron origen a un "Convenio Macro" para la puesta en valor del ramal ferroviario Eva Perón y la posterior construcción del "tren turístico del yacimiento de Río Turbio". Luego de ese "acuerdo macro" se celebraron al menos 453 convenios con la Facultad Regional de Santa Cruz, que a su vez le encomendaba las tareas comprometidas en los acuerdos a la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz y ésta última era la que terminaba contratando a las empresas que se encargarían de las obras. Todo esto se hacía en forma directa, con contratos por montos menores a los 14 millones de pesos para evitar el llamado a licitación y en muchas de esas operaciones se repetían las empresas.

En todo este "pasamanos" la Facultad y la Fundación cobraban cada una comisión por la intermediación del 10%. Esta operatoria ya de por sí implicaba un sobrecosto para el Estado Nacional. Tanto la Facultad como su Fundación estaban manejadas por las mismas personas, es decir, se contrataban a sí mismos. Esta modalidad implicó un enorme perjuicio para las arcas públicas, que el fiscal Stornelli estimó en más de 840 millones de pesos. De la totalidad de ese monto, entre la Facultad y la Fundación ya cobraron 176 millones de pesos.

Al expediente inicial se le anexó por conexidad otra causa, que comenzó por una denuncia del interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Omar Zeidán. El funcionario relató que al momento de asumir el cargo -a principios de 2016- las estructuras y las adyacencias del yacimiento y los servicios del tren estaban en estado de abandono pese a que entre 2005 y 2015 habían recibido 26.000 millones de pesos por parte del Ministerio de Planificación.

Según un informe de la SIGEN, las metas comprometidas en los convenios estaban subejecutadas entre el 60 y el 90 por ciento. De acuerdo con las auditorías, Yacimiento Carbonífero Río Turbio nunca observó ninguno de los presupuestos que le enviaba la Facultad Regional de Santa Cruz pese a las enormes irregularidades que registraban. Entre ellas, alteraciones del tipo de cambio, redondeo de cifras hacia arriba, sobrecostos, falta de claridad o especificidad de los rubros, ausencia de soporte técnico, sólo por mencionar algunas. Ninguno de los convenios fueron refrendados por el rector de la UTN ni tampoco aprobados por el Consejo Superior. Una muestra del desmanejo es que la Facultad Regional de Santa Cruz no dictaba ninguna carrera relacionada en forma directa con los servicios por los cuales se obligaba a través de los convenios con el Estado Nacional. Ahora el juez federal Luis Rodríguez deberá decidir si hace lugar o no al pedido del fiscal Carlos Stornelli y ordena el desafuero del ex superministro K, Julio De Vido.