Cómo eran las negociaciones de Aldo Ducler con el Gobierno para entregar información sobre YPF

Infobae accedió a documentación que el financista presentaba ante funcionarios en las reuniones previas a su muerte para “limpiar su buen nombre y honor”. Por qué el gobierno nacional cambió su postura sobre la expropiación de la petrolera

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Al asumir el poder, Mauricio Macri no estaba convencido de destapar la olla en YPF. La pesada herencia energética y los negocios oscuros en la privatización y posterior estatización de la simbólica empresa argentina era una difícil tarea que chocaba con impensables intereses financieros y económicos. En agosto del año pasado, el entorno más cercano al presidente supo que Aldo Ducler quería acercar información sobre las negociaciones en la petrolera. La ley del arrepentido estaba por aprobarse en el Congreso de la Nación. En su artículo 13, sobre las condiciones del "informante", se mencionaba el beneficio económico a cambio de "datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente útil que permita guiar o iniciar una investigación para la detección de individuos u organizaciones dedicadas a la planificación, preparación, comisión, apoyo o financiamiento de los delitos contemplados en la presente ley". Su implementación se demoraba por presiones opositoras y lentitud del oficialismo. Hasta el día de hoy, la ley no ha sido reglamentada.

En septiembre del 2016, Ducler se decidió a hablar ante un periodista y se presentó espontáneamente ante la Justicia penal. El juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi recibió el papel –Infobae accedió a dicha documentación- y la remitió a la Justicia santacruceña. Esa semana se agudizaron las amenazas concretas contra la familia. Reuniones que se suspendían repentinamente, extrañas llamadas, consejos de personajes que se acercaban a Ducler para sugerirle que "no joda con el tema porque los van a mear" (SIC) y una creciente paranoia colectiva. A comienzos del 2017, el fallecido titular de Mercado Abierto se enteró del millonario reclamo del fondo buitre Burford. A pesar de una década de gobiernos nacionales y populares, los funcionarios del saliente gobierno no se preocuparon por frenar un reclamo internacional por 3000 millones de dólares y que abriría la puerta a nuevas demandas.

Al finalizar el verano de este año, primeras líneas del gobierno de Cambiemos se acercaron a los abogados de la familia Ducler. "Nos interesa la información pero necesitamos 60 días, que nos banquen". Pero el financista desconfiaba de todos y quiso dejar, por escrito, una señal de la información con la que contaba. Por eso se acercó a la Unidad de Información Financiera (UIF) a entrevistarse con Mariano Federici. No tuvo suerte. Al día siguiente, le ordenó a su esposa que viajase a Mar del Plata para que descansase en su casa ubicada frente a Playa Grande. Estaba preocupado por su familia. El primero de junio estacionó su camioneta a metros de Corrientes y Florida. Se acercó a realizar un trámite en el Banco Ciudad ubicado en la calle 25 de Mayo 294 y realizó su último depósito a las 14:36. Le faltaban 20 pasos para llegar al estacionamiento cuando se desplomó en el piso frente a un contenedor de basura.

Su muerte agilizó las gestiones del gobierno en los tribunales de Nueva York por YPF. Esta semana, los abogados del Estado argentino le explicaron a la Justicia norteamericana que la decisión de nacionalizar las acciones de YPF fue una cuestión soberana y que debería resolverse la cuestión en los tribunales de nuestro país. Los jueces de la Cámara de Apelaciones de Nueva York escucharon, después de años, los argumentos del gobierno argentino. Macri espera que se revoque el fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska quien avaló el millonario reclamo de Burford. El flamante procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, viajó a Estados Unidos para evitar el desastre financiero. Lo acompañó el hombre clave en las negociaciones con Aldo Ducler, Fabián Rodríguez Simón, más conocido como "Pepín". A los argentinos los escucharon durante 80 minutos, mucho más que los 20 minutos en los que se había acordado la audiencia. La respuesta se conocerá en 90 días.

Si la Argentina pierde, se abrirá la puerta para nuevos reclamos. Eton Park Capital también exige la erogación de 500 millones de dólares. Ducler creía tener la llave para evitar que el Estado argentino siguiese perdiendo millones de dólares por extrañas operaciones comerciales disfrazadas de falso patriotismo. Estaba convencido que detrás de la otrora pasividad kirchnerista se escondían otro tipo de intereses.