"Esto se puede obviar si tenés una consideración": condenaron a tres inspectores por pedir coimas

"Esto se puede obviar si tenes una consideración", le dijo en 2007 una inspectora de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor al dueño de una panadería del barrio porteño de Almagro. Lo que se podía dejar pasar era una multa y la "consideración" era un pedido de coima para ella y dos compañeros.

"¿Cuál es la finalidad? ¿Sacarme o pedirme plata? Yo voy a llamar a la policía", le contestó Marcelo Monachello, dueño de la panadería "La Sud América".

Ahora los tres inspectores fueron condenados por el delito de exacciones ilegales –lisa y llanamente un pedido de coimas– y el fiscal Diego Luciani y el juez Gustavo Hornos destacaron la "valentía" de un ciudadano en denunciar "una nefasta exigencia" de parte de funcionarios públicos.

El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2007 cuando Darío Rolón, Marcelino Gómez Araujo y Gladys Iriarte, inspectores de control de precios de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio Interior, ingresaron a la panadería "La Sud América", ubicada en la avenida Rivadavia 4020.

En el lugar se encontraban Marcelo y Sergio Monachello –los dueños del comercio–, la cajera de la panadería y un cliente. Los funcionarios comenzaron a analizar la facturación y los carteles sobre cómo indicar el precio y la venta del pan y encontraron que uno estaba mal escrito.

"Esta multa es muy costosa", dijo la inspectora Iriarte mientras sacaba un block y una birome. "Me llamó la atención la forma en que la inspectora se dirigía al dueño del local, ya era la típica forma de obtener una coima", dijo el cliente ante la justicia, en las constancias de la causa a la que accedió Infobae.

Lo que siguió lo contó Marcelo Monachello cuando declaró en el juicio oral que se hizo nueve años después: "Llegado el momento que la mujer me pide documentos y ticket de caja, lo mando a mi hermano a que me haga el ticket de caja, documento no tenía encima, otra discusión más. Ahí fue, entonces que la mujer me dice que se podía obviar esto si tenía una consideración y que tuviera en cuenta que ellos eran tres. Es donde yo le digo ´¿cuál es la finalidad? ¿sacarme o pedirme plata? Yo voy a llamar a la policía´".

Monachello marcó el número de la Policía y al lugar llegó el subinspector Matías López Bohigas. Mientras el oficial hablaba con el comerciante, los tres inspectores se fueron del lugar sin avisar de su partida. El subinspector salió a buscarlos y los detuvo a una cuadra.

Los tres inspectores fueron sumariados y el entonces ministro de Economía, Miguel Peirano, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, echaron a José Luis López, subsecretario de Defensa del Consumidor.

Además se inició una causa judicial que llegó a juicio. El fiscal Luciani pidió que los inspectores sean condenados a una pena de dos años de prisión y a cinco años de inhabilitación pero los jueces del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen Roqueta, José Martínez Sobrino y Julio Panelo, los absolvieron el 5 de septiembre del año pasado.

Los magistrados entendieron que no hubo un pedido concreto de coima sino una suposición por parte de la víctima, lo que no encuadra en un delito penal.

El fiscal apeló el fallo. "La circunstancia de que no se hubiese pedido un monto concreto de dinero, no implicó que no se solicitó una suma de dinero. No podemos soslayar que este tipo de delito se realiza generalmente en las sombras o de manera sutil", dijo Luciani en su apelación y sostuvo que las circunstancias en las que se dio el hecho marcaron que hubo un pedido de sobornos por parte de los inspectores.

El caso llegó a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, que revocaron la absolución y condenaron a los inspectores.

"Es claro que la circunstancia de que no se hubiese pedido una suma concreta de dinero, no autoriza a valorar que la exigencia no haya existido, aun cuando en el curso fluido de la conversación la alusión a que eran tres los inspectores y que la ´consideración´ solicitada, entonces, debía abarcar en su cuantía esa circunstancia. El tenor de la solicitud realizada en el escenario descripto no admite otra interpretación", dijo el juez Hornos.

La Cámara también tuvo en consideración que los inspectores se fueron de la panadería. "La actitud de haberse ido del lugar donde acontecieron los hechos y en donde se encontraba el personal preventor convocado por el comerciante que se decía víctima de un delito que les imputaba, evidentemente, debe ser valorado como un elemento relevante en contra de todos los imputados", dijeron los jueces.

Hornos también valoró la actitud del comerciante. "La víctima tuvo la valentía de denunciar un caso de corrupción a partir de una nefasta exigencia", señaló.

Casación condenó a los inspectores pero no les puso la pena, sino que ordenó que el Tribunal Oral sea el encargado de hacerlo.