Cartel colgado este lunes en la ex ESMA (Adrián Escandar)
Cartel colgado este lunes en la ex ESMA (Adrián Escandar)

El abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli denunció penalmente por "prevaricato" a los jueces de la Corte Suprema que votaron a favor de la aplicación del "2 x 1" a represores de la última dictadura. La causa quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas bajo el número 5900/2017 y alcanza a los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco. El fiscal es Guillermo Marijuán. 

El prevaricato es un delito que pena a los jueces que dicten resoluciones contrarias a derecho.

En su presentación, Parrilli pidió la declaración indagatoria de los involucrados y que "se aplique el máximo de las sanciones penales previstas" con "inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos". 

Horacio Rosatti
Horacio Rosatti

Asimismo, argumentó que los jueces que avalaron la aplicación del beneficio en el cómputo de la pena para el caso de un condenado por violaciones a los derechos humanos excede los alcances previstos por la legislación.

La objeción apunta al concepto que permite aplicar el beneficio para un condenado por un hecho ocurrido antes de la vigencia de la ley, quien -además- ingresó en prisión preventiva con posterioridad a su derogación.

Carlos Rosenkrantz
Carlos Rosenkrantz

El abogado también dijo que "los ministros denunciados tienen fuertes vinculaciones con el actual gobierno nacional" y apuntó especialmente contra Rosatti y Rosenkrantz porque Mauricio Macri "pretendió nombrarlos ministros de la Corte Suprema por decreto obviando las vías constitucionales pertinentes, maniobra que luego tuvo que desandar dado el rechazo que tal proceder tuvo en la totalidad de la sociedad".

Elena Highton De Nolasco
Elena Highton De Nolasco

También sostuvo que el fallo del máximo tribunal se encuentra "en línea con la política oficial del Gobierno" y criticó que la administración de Macri "se ha caracterizado por ir diluyendo el empuje de toda la política de juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado" para acercarse "peligrosamente" a "justificar el genocidio perpetrado por las fuerzas armadas y sus cómplices civiles y tiene como estación final la amnistía, indulto o conmutación de penas de los condenados, es decir su impunidad".