"Es importante que los jueces se atrevan a cuestionar este fallo"

El fiscal Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante la dictadura, estimó que unos 275 represores podrían quedar libres

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El fiscal Pablo Parenti, titular de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, aseguró hoy que a pesar del fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable la regla del 2×1 para el cómputo del cumplimiento de la pena para delitos de lesa humanidad, seguirán "planteando objeciones y cuestionando la constitucionalidad".

En diálogo con "Política y Pelotas", el programa que conducen Omar Lavieri y Sergio Berensztein por Radio Splendid, Parenti consideró que una primera estimación "habla de 275 represores que podrían acceder al beneficio del 2×1", por lo que el "el daño es muy grande". "Este fallo reduce, en algunos casos, las penas a la mitad del tiempo", dijo el fiscal y añadió que por ese motivo "es importante que los jueces se atrevan a cuestionar este fallo".

El fiscal explicó que la estrategia para evitar la salida de prisión de los condenados por delitos de lesa humanidad será agregar argumentos para cuestionar la resolución, y objetar la constitucionalidad del 2×1. "Técnicamente, el fallo de la Corte resuelve el caso concreto. Hay una especie de deber de seguir esta jurisprudencia, salvo que se den argumentos diferentes", dijo y agregó que "la Corte no evaluó la constitucionalidad" de la regla, por lo que queda esa vía abierta.

"En casos de tanta trascendencia, los fallos suelen ser leídos como políticos", explicó, recordando lo que sucedió con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, avaladas por la Corte a poco de aprobarse.

Si bien ya hubo jueces que rechazaron la aplicación lo hicieron "sin entrar en el fondo del asunto" por lo que "hasta ahora no hubo pronunciamientos fuertes", afirmó Parenti, quien consideró como "una buena señal que los jueces hayan resistido la liberación".

Por último, consideró que aún queda la vía de la Corte Interamericana de Derechos Humano para que los familiares de las víctimas objeten el fallo de la Corte.