(Nicolás Stulberg)
(Nicolás Stulberg)

En la Justicia sanjuanina avanza desde hace unas semanas una denuncia contra el presidente del PJ y ex gobernador José Luis Gioja, por la contratación directa de la ART de los empleados públicos provinciales, por la que en noviembre de 2016 se pagaron 42 millones de pesos mensuales y que actualmente, tras un llamado a licitación, cuesta 15 millones al mes, casi tres veces menos.

En 2005, el gobierno de San Juan contrató en forma directa al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) para que cubriera los gastos médicos por accidente de trabajo de los más de 38 mil empleados públicos sanjuaninos. El acuerdo, que incluía a los docentes y los agentes de la Policía y el Servicio Penitenciario, y que luego se amplió a los alumnos de las escuelas públicas de gestión estatal, fue renovado sistemáticamente hasta enero de 2017.

Según reveló El País Diario, el primer sitio que se hizo eco de la polémica y que luego fue replicada por los denunciantes, el año pasado el gobernador Sergio Uñac -sucesor de Gioja- llamó a una licitación pública que ganó Provincia ART, por 15 millones de pesos mensuales, es decir, 27 millones de pesos menos que los 42 millones de pesos que el Estado provincial pagaba por mes en tiempos de Gioja.

Algo que llama la atención: en la licitación se presentó IPASER, que ofertó cobrar el 2,40% de la masa salarial de la administración central y 6,5% del sueldo de toda la fuerza policial, bastante menos del 4,19% y 15% que venía recibiendo, respectivamente, por cada uno de los rubros.

Otro dato importante: el intendente del departamento sanjuanino de Rawson -el más poblado de San Juan- es Juan Carlos Gioja, hermano del ex gobernador. El jefe comunal mantuvo el vínculo para los empleados municipales con IPASER.

La información fue recogida por los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia, ambos dirigentes del GEN, quienes presentaron una denuncia a la que Infobae tuvo acceso. Allí concluyeron que "a valores constantes, desde enero del 2005 a diciembre enero del 2017, el Estado Provincial abonó un sobrecosto de $3.588.000.000", a lo que debería agregarse la comisión del 10% del monto total del "agente de seguro", es decir, casi 359 millones de pesos. La causa quedó en la Fiscalía Correcional N° 3, que ordenó una serie de medidas de prueba preliminares.

Según contaron los denunciantes a Infobae, se llevaron una gran sorpresa cuando se enteraron -luego de hacer su primera presentación- que desde hace tiempo se estaba investigando en Entre Ríos al gerente general de IAPSER, Martín Fernández, por enriquecimiento ilícito.

Esa investigación creció a partir de la filtración de una especie de memoria o auditoría interna de IAPSER que fue enviada de manera anónima a un estudio de abogados. El documento es contundente: una de las primeras cosas que advierte es que el instituto estaba cobrando comisiones millonarias en San Juan, a un valor superior al que permite la ley de ART, y que habría un "retorno" a las autoridades del ente.

El documento también cuestiona el rol del ex diputado Moisés Lara, un hombre cercano a Gioja, que representa a IAPSER en San Juan y que, a la vez, es productor de seguros, algo que está prohibido. Lo más curioso es que la auditoría advierte que el instituto le prestó dinero a Lara para que comprase un inmueble en San Juan para que el propio IAPSER se lo alquilara.

Según el portal Página Judicial, que publicó ese revelador documento, el IAPSER le pagó a Gioja una indemnización de un millón de pesos por el accidente de helicóptero que sufrió en octubre de 2013 en la localidad de Valle Fértil y puso otros 2 millones de pesos para su rehabilitación.

Pero, al parecer, la relación era también muy estrecha con el secretario de Gobierno de Gioja, Walter Lima, según se desprende de una ampliación de la denuncia de Seguí y Arancibia. Los abogados informaron que el funcionario tenía una tarjeta azul que lo autorizaba a manejar un auto Volkswagen Passat que estaba a nombre del hijo de Lara.

Recién esta semana Gioja rompió el silencio sobre la denuncia, pero llamativamente no habló del tema. En un video que subió a su cuenta de Facebook, indicó: "Casi desde el mismo momento que dejé de ser Gobernador, se comenzó una campaña en algunos medios sanjuaninos para desprestigiarme. Ustedes saben con la facilidad y simpleza que pueden armar un medio en las redes sociales y comenzar a difamar a cualquiera".

"Lo que me apena no es el que escribe ni tampoco el que arma el medio digital, sino que algunos dirigentes políticos oportunistas que nunca lograron nada utilizan muchos recursos económicos para intentarlo", agregó el actual diputado.

En resumen, Gioja mató al mensajero. Apuntó contra el primer periodista que desnudó el tema, Ernesto Simón, y contra los abogados Seguí y Arancibia, pero no aclaró por qué apeló a la contratación directa ni dio algún tipo de explicación sobre los supuestos sobreprecios. Ni siquiera mencionó la palabra ART.