Aunque el tema no figuraba en la agenda previa, la detención de Milagro Sala estuvo en la presentación del Gobierno ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), donde Claudio Avruj, secretario nacional del área, fue a defender el decreto migratorio que impulsa el Ejecutivo.

Sobre el caso de la líder de la Tupac Amaru, Avruj habló junto al fiscal de Jujuy, Mario Miranda, y fue cuestionado por Horacio Verbitsky (CELS); Belissa Guerrero, de Amnistía Internacional Argentina; Rafael Vargas, del Sindicato Azucarero del Ingenio Ledesma; Oscar Nutini, del Sindicato Azucarero del Ingenio Ledesma y Esperanza; Fernando Acosta, de la Asociación de Trabajadores del Estado y Central de Trabajadores Argentinos, y Elena Chávez, de Andhes.

Avruj anunció allí que el Gobierno enviará al Congreso una reforma del Código Penal que no contemple como delito la sedición en caso de darse en "ejercicio de derechos humanos y sociales", como una manifestación. Por este motivo había sido detenida Milagro Sala en un primer momento. 

Además, reiteró la invitación a la CIDH en mayo para evaluar las condiciones de detención de Sala y advirtió: "Será un honor recibirlos en mayo en las sesiones de este cuerpo tan importante. El gobierno nacional trabaja permanentemente en relación con las provincias analizando todos los temas. Esta presentación conjunta así lo demuestra. Creemos que estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad".

Asimismo, sobre el caso puntual de la dirigente social, el funcionario manifestó: "Siempre va a haber demandas. Tenemos que estar permanentemente monitoreando y recibiendo la información para corregir los errores que se pueden llegar a producir, que no creemos que en este caso se hayan producido. Todo lo que se ha hecho en Jujuy está sujeto a derecho".

Decreto migratorio

Sobre esta medida que llevó a cabo el Ejecutivo con el objetivo de intensificar la seguridad en las fronteras, los representantes del Estado hicieron una defensa más enérgica.

"La Argentina no copia modelos, tiene uno propio y lo vamos a hacer funcionar", comenzó la exposición del Estado para luego dar números concretos: "De las 215 mil personas radicadas en la Argentina en 2016, 92 mil estaban totalmente irregulares".

También explicó que con la modificación este año se regularizaron "48 mil personas en solamente tres meses" y quiso mostrar predisposición a recibir extranjeros: "Tenemos 42 millones de personas en el país y podemos recibir 40 millones de personas más".

"Subrayamos que todo migrante tiene acceso a la salud, educación y asistencia social en todos los niveles. La nación argentina es abierta al mundo y nuestra normativa migratoria actual destaca el aporte positivo de la inmigración. La modificación busca evitar abusos en procedimientos, no altera el espíritu ni los principios de la Ley Migratoria", sentenció.

A su turno, los representantes de la Sociedad Civil Argentina dieron su visión, con críticas al Gobierno: "La nueva normativa migratoria no tiene en cuenta el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser escuchados. El decreto no contribuye para una sociedad democrática menos insegura sino que  promueve escenario de criminalización que favorece la xenofobia y el racismo", indicaron.