San Luis cobrará un impuesto a empleadores que contraten trabajadores de otras provincias

Los empresarios deberán pagar un tributo del 10% del sueldo

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El Senado de San Luis aprobó la ley ayer cerca de la medianoche
El Senado de San Luis aprobó la ley ayer cerca de la medianoche

A pesar de la controversia que generó en el resto del país, el Senado de San Luis aprobó el proyecto que obliga a los empleadores a pagar un impuesto del 10% del sueldo de cada nuevo trabajador que contraten que no haya nacido en esa provincia, o tenga menos de cinco años de residencia en territorio puntano. Diputados había aprobado la iniciativa algunas horas antes.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo de Alberto Rodríguez Saá, fue rechazado por gran parte de la oposición, que lo calificaron de discriminatorio, y fue apoyado por la bancada oficialista Compromiso Federal y por los legisladores del Frente para la Victoria-PJ.

A partir de esta nueva ley, se crea el Registro del Empleo Puntano, que estará a cargo del control de la norma, que establece en su artículo 5 que "todo empleador deberá abonar al Registro una tasa mensual equivalente al 10% de la remuneración bruta mensual, por cada empleado en relación de dependencia" que no haya nacido en San Luis o tenga menos de cinco años de residencia en esa provincia.

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No serán contemplados por la nueva norma los trabajadores "con especialidades de comprobada escasez en la provincia", quienes ya tengan un empleo en blanco cuando entre en vigencia la ley, y el "personal egresado de escuelas técnicas, institutos de formación superior, universidades provinciales y universidades nacionales radicadas en el territorio de la provincia".

Para la senadora oficialista Mabel Leyes, quienes votaron en contra de la ley "no entienden el concepto de puntanidad". "Tenemos que defender la familia puntana y que no se hagan los sordos, porque el gobernador no discrimina y en cada uno de sus discursos dice que puntano es el que nació y eligió serlo", dijo la legisladora.

Por otro lado, el diputado radical Alejandro Cacace denunció al gobernador ante el Inadi por considerar "discriminatorio y xenófobo" el proyecto que luego se transformó en ley. "Esto es discriminación y un incumplimiento a la Constitución Nacional, no podemos avalar una ley que elimine derechos consagrados para todos los argentinos por igual, como es el acceso al trabajo en todo el territorio nacional", sostuvo.

Con información de DyN

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