A 6 años de la Ley de Glaciares, denunciaron a los encargados de confeccionar el inventario

Es letra muerta. Pese a que pasaron seis años de la aprobación de la ley de glaciares, la normativa para proteger un recurso hídrico estratégico no se aplica. En efecto, la mina Veladero, de Barrick Gold, en la que se produjeron no menos de cinco derrames de solución cianurada en los últimos años, está asentada en un ambiente periglacial, que es una zona protegida, pero sigue funcionando y es probable que lo siga haciendo en el futuro. Y el gobierno sanjuanino ya anunció su voluntad de impulsar el proyecto Constelación, que afectará, entre otros, al glaciar El Potro, uno de los más grandes de la cordillera.

Los últimos dos derrames en Veladero volvieron a poner el tema en la agenda, pero no lograron forzar el cumplimiento de la ley. En ese marco, un grupo de ambientalistas denunció hoy en la Justicia Federal de Mendoza a las autoridades del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que tiene a su cargo de la confección del mapa de glaciares. Y pidieron la que se declare la inconstitucionalidad de un documento a partir del cual quedaron afuera del mapeo una serie de glaciares.

Cuando se aprobó la ley de glaciares había muy poca conciencia de que prohibía la actividad minera en los ambientes glaciares y periglaciares, lo que implicaba poner fin a ciertos proyectos mineros vigentes y futuros. Por eso, ese mismo día, el diputado César Gioja, hermano del ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja –el gran promotor de la megaminería en Argentina–, intentó frenarla. En el fondo, peligraba su negocio: según denunció el legislador Miguel Bonasso, la empresa Bentonitas Santa Gema, de César Gioja, le proveía a Barrick Gold la bentonita que usaba para dinamitar montañas de Veladero en busca de oro y plata.

César Gioja no logró frenar la ley, pero sí el veto posterior de Cristina Kirchner. No obstante, la presión fue mayor y la norma fue finalmente aprobada. En San Juan, la Corte Suprema suspendió su aplicación en apenas 20 horas.

Según el gobierno, para hacer cumplir la ley el Ianigla debe confeccionar el famoso "inventario de glaciares", del que apenas se elaboró una pequeña parte. Es curioso: no basta que en sus estudios de impacto ambiental, Barrick Gold admita que sus proyectos Veladero y Pascua Lama están asentados sobre glaciares y ambientes periglaciares. Se necesita un mapa oficial.

Una aclaración: ese documento de Barrick Gold fue elaborado antes de que la ley de glaciares sea aprobada. Por eso, la minera no tuvo reparos en reconocer, por ejemplo, que en Veladero "predominan las geoformas relacionadas con un ambiente actual de tipo periglacial", entre otras afirmaciones fulminantes.

En su web Barrick Gold admite que sólo hay 7 glaciares en los alrededores de sus proyectos. Sin embargo, un interesante informe técnico de Jorge Daniel Taillant, del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), detectó 274 glaciares en la zona de Veladero y Pascua Lama.

Y si faltaran pruebas, el propio Ministerio de Ambiente admitió la semana pasada que Veladero está sobre un ambiente periglacial, aunque dejó en claro que faltan muchas instancias formales para que se aplique la ley.

Otra aclaración importante: Veladero y Pascua Lama se convirtieron en un emblema, pero hay más proyectos que comprometen glaciares, como el mencionado Constelación o El Pachón, Agua Rica y Los Azules, entre muchos otros.

El abogado ambientalista Diego Seguí viajó hoy a Mendoza para presentar una denuncia penal en la Justicia federal contra "todos los integrantes del directorio del Ianigla": el director Fidel Alejandro Roig, la vicedirectora Mercedes Pramparo, el coordinador del inventario de glaciares Gustavo Costas, y los miembros del consejo directivo: Ricardo Villalba, Juan A. Álvarez, Julieta N. Aranibar, Ana M. Srur, Pablo Villagra, Osvaldo L. Burpanaro y Claudia Rubistein. Los acusó de los delitos de violación de los deberes de funcionario público, cohecho y falsedad ideológica de instrumento público.

¿El motivo? "Haber elaborado y utilizado un documento contrario a la ley de glaciares ocultando y excluyendo a los glaciares que miden menos de una hectárea, no sólo en la cuenca del Río Jáchal (en Veladero, donde se produjeron los derrames) y en Pascua Lama (donde está el glaciar Toro I), sino en las cuencas de todos los ríos de Mendoza y en la cuenca del río San Juan, donde está la escombrera introducida desde Chile por minera Los Pelambres", resumió a Infobae el abogado Seguí.

El documento en cuestión fue elaborado por las autoridades del Ianigla. Aunque la ley 26.639 define a los glaciares como "toda masa de hielo (…) cualquiera sea su dimensión", el Ianigla sólo incluyó en el inventario a los que tienen más de una hectárea.

Ante la consulta de Infobae, desde el Ianigla defendieron su decisión. "Metodológicamente, en todo el mundo se toman los glaciares de más de una hectárea, porque además tiene que ver con una cuestión tecnológica por la definición de las imágenes satelitales", explicó el coordinador del inventario, Gustavo Costas.

Del otro lado no le creen. Argumentaron que lo de las imágenes satelitales es falso porque en Google Maps se pueden ver hasta las piletas de las casas y que, sea como fuere, la ley es clara: todo glaciar debe ser protegido.

Hay más puntos de disenso. Pese a que el propio Ianigla reconoció en un informe hecho de 2005 que la región Lama-Veladero es un ambiente glaciar y que en la zona hay glaciares, esos ambientes periglaciares no figurarán en el inventario, porque el instituto hizo un interpretación aislada de un artículo de la ley e incluirá, solamente, los cuerpos periglaciales, y no todo el ambiente propiamente dicho, pese a que la ley protege a toda la zona.

A su vez, la ley estableció un plazo de 180 días para hacer un inventario de las áreas que ya estaban siendo explotadas, pero el Ianigla no lo hizo. En su lugar, la ex Secretaria de Ambiente envió una nota a cada provincia para que determinen cuáles eran esas zonas y, como ninguna respondió, se lavó las manos. En realidad, se evitó un conflicto, sobre todo con San Juan, donde ya les habían adelantado que no los iban a dejar trabajar. Esa maniobra es, en gran medida, la responsable de que hoy la ley no se aplique y haya minería a cielo abierto sobre glaciares. Bastaba con buscar en Google dónde hay proyectos mineros vigentes.

Cuando en 2012 el gobierno sanjuanino hizo una auditoría propia y bastardeada por los ambientalistas, concluyó que "no se han identificado y cuantificado impactos ambientales potenciales o generados sobre glaciares o ambiente periglacial". Lo firmó el ingeniero Jorge Millón, ex subsecretario de Recursos Hídricos de San Juan y director del Departamento de Hidrología de la Universidad de San Juan, que trabajó  para la consultora Knight Piésold, contratada por Barrick Gold en Veladero. Todo quedó en familia.

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