Lanata presentó un informe en el que golpean a un periodista de su equipo

En julio de este año, el fiscal Guillermo Marijuán pidió que el juez Sebastián Casanello cite a indagatoria a la ex procuradora del Tesoro durante el kirchnerismo Angelina Abbona, su segundo y ex subprocurador Horacio Diez, y Federico Thea, ex secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía durante la gestión de Axel Kicillof.

Marijuán sospecha que esos ex funcionarios públicos encubrieron a los imputados en la causa conocida como Ruta del dinero K.

La investigación tuvo revelaciones televisivas clave durante dos domingos. Hace una semana, Jorge Lanata aseguró que -por medio de miles de transferencias bancarias- 123 empresas y 21 personas ligadas al kirchnerismo pudieron derivar unos 500 millones de dólares desde la Argentina hacia bancos de decenas de países del mundo, desde el extremo Oriente, en China, a las islas Seychelles o Letonia. Todo el entramado bancario y de sociedades fue revelado en el programa Periodismo Para Todos, de Jorge Lanata, que también resaltó que toda la información -incluida en listados y documentos- estuvo bajo conocimiento de la ex procuradora del Tesoro del kirchnerismo, Angelina Abbona, quien ahora está acusada por la destrucción y desaparición de computadoras y base de datos.

En el informe periodístico se mostraron decenas de planillas que certifican gran parte de los movimientos millonarios realizados por el empresario de la obra pública, Lázaro Báez, cuyo patrimonio creció a medida que recibía obras públicas, mientras más se estrechaba su vínculo con los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Según Lanata, hay una lista que incluye a 21 personas, 123 empresas y movimientos en el exterior por USD 492.580.000 a través de distintas instituciones financieras internacionales.

Ayer, en el ciclo Periodismo Para Todos aportaron nueva información sobre otra intervención de Abbona que fue cuestionada judicialmente: se presume que ayudó al núcleo duro del kirchnerismo a defenderse de la denuncia del fiscal Alberto Nisman. El fiscal federal Germán Moldes aseguró que fue "el primero en denunciar a Abbona" porque – poco tiempo antes de que el titular de la UFI-AMIA denunciara a Cristina Kirchner y otros referentes políticos por encubrir el atentado a la AMIA- apareció un documento redactado por la Procuración General del Tesoro.

"Nisman no había denunciado al Estado, sino a algunos delincuentes que ejercían como funcionarios. Eran personas. La Procuración no tenía legitimación para presentarse, pero lo hizo. Lo cierto es que la rápida resolución del juez Rafecas, desoyendo la denuncia de Nisman, basa buena parte de sus argumentos en este fantasmagórico escrito de la Procuración General del Tesoro. En ese momento sostuve que eso era un delito de malversación, ese delito se llama peculado de servicios: malversar los fondos con los que el Estado paga personal y mantiene infraestructura. Están destinados a una cosa y se usan en beneficio propio o de un tercero. Es un delito bastante grave", explicó Moldes. Sencillamente: habrían usado fondos públicos para defenderse de la denuncia de Nisman. Un conjunto de correos recopilados por Lanata respalda la hipótesis.

Los problemas para Abbona no se detienen. Tras el fin del gobierno kirchnerista, ahora piden que sea removida de su cargo como fiscal de Estado provincial por el que cobra $1.200 pesos de viáticos por día. 

El periodista Ignacio Otero, de TN y Periodismo Para Todos, denunció que fue agredido por Enrique Mengarelli, marido de la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, mientras se grababa este informe.

En un vuelo de Aerolíneas Argentinas, el periodista los encontró en el avión y decidió tratar de hacerle una pregunta a Abbona, hoy en el centro de la polémica porque se comprobó que se llevó consigo un disco duro que contenía información sobre miles de transferencias bancarias de Leonardo Fariña, la familia de Lázaro Báez, Federico Elaskar y otras personas allegadas al kirchnerismo.

"Queríamos saber por qué ocultó información. Pero al instante que le dije 'disculpe, doctora Abbona', Mengarelli me pegó un cachetazo en la cara. Me descolocó, no lo esperaba. Automáticamente me empezó a amenazar, a decir que me iba a cagar a trompadas, que no sabía lo que me esperaba. Yo me corrí un asiento y le seguí preguntando", contó Otero.

Una vez que el avión aterrizó, Otero radicó la denuncia en la dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En el programa se mostraron listados y documentos que muestran la ruta del dinero y también los nombres de las personas beneficiarias tanto de las sociedades como de la titularidad de las cuentas. Pero uno de los tramos clave de la investigación de Jorge Lanata es que todos los datos habrían llegado a partir de 2013 a Abbona, a su segundo Horacio Diez y a Federico Thea, uno de los asesores principales que tuvo Axel Kicillof como ministro de Economía. En correos electrónicos entre el estudio de abogados de la Argentina en Nueva York -que intervenían en la causa de los fondos buitres por la deuda en default-, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, se alertaba todas las alternativas del reclamo de los holdouts.

Ese bufete tuvo en sus manos información sobre Lázaro Báez, y la entregó al Estado. Para seguir la ruta del entramado bautizado por el programa de Canal 13 como 'CristiLeaks', los datos del actual procurador del Tesoro son una pista clave. Su antecesora kirchnerista fue señalada y acusada ante la Justicia por, supuestamente, haber ocultado documentación estatal. De hecho, ya fue denunciada penalmente por incumplir sus deberes y no presentar información al fiscal Guillermo Marijuán o al juez Sebastián Casanello.

Carlos Balbín, actual procurador del Tesoro Nacional, confirmó que Abbona es investigada por la Justicia y fue imputada tras la denuncia del macrismo. "Faltaban discos rígidos, se hizo la denuncia penal. Intentamos recuperar información. Reconstruimos información vinculada al caso Báez y la entregamos al juez. Es información que proviene de un estudio argentino en el exterior. Se conocieron bienes de Lázaro Báez y de otras personas. La información está alcanzada por una orden de protección. Es importante para avanzar en la causa". Los datos, aseguran, ya los tiene el juez Sebastián Casanello.

Quién es Abbona

Aunque poco conocida fuera del mundo político-legal, Angelina Abbona es una de las dirigentes de mayor confianza de la familia Kirchner, a quienes acompaña desde hace 29 años. Tal es la confianza que le tienen que, en 2010, la ubicaron en un puesto clave: la Procuración del Tesoro Nacional, máximo organismo del Cuerpo de Abogados del Estado.

La abogada oriunda de Mendoza ya trabajaba en la municipalidad de Río Gallegos cuando Néstor Kirchner fue electo intendente en 1987. Ese año pasó de ser asesora legal de la subsecretaría de Comercio de la provincia a ser asesora legal del intendente.

En 1991, cuando el santacruceño llegó a la gobernación de la provincia, llevó a Abbona consigo y la puso a cargo de la Fiscalía de Estado del gobierno provincial. Apenas un año después, la corrió del cargo para nombrarla gerente de Servicios Públicos Sociedad del Estado. En 1995 volvió a ser nombrada fiscal de Estado.

Cuando Néstor Kirchner fue electo presidente, su hermana Alicia eligió a Abbona para que fuera la jefa de auditores en el Ministerio de Desarrollo Social. Precisamente Alicia es quien la cobijó luego de la derrota del Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales del año pasado: apenas asumió, la flamante gobernadora de Santa Cruz volvió a nombrarla fiscal de Estado en la provincia.

La abogada de 64 años de edad fue siempre una persona a la que los Kirchner recurrieron cuando necesitaban resolver un problema. En 2007, cuando ya había comenzado en Santa Cruz la discusión por la repatriación de los famosos fondos depositados en el exterior, el entonces Presidente le sugirió su nombre al gobernador Daniel Peralta para que presidiera el Tribunal de Cuentas provincial.

En 2010, con Cristina Kirchner ya en el poder, volvió a la Ciudad de Buenos Aires para hacerse cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación. Desde ese lugar le tocó enfrentarse al mayor caso que el Estado argentino enfrentó en las últimas décadas: el multimillonario juicio que los tenedores de bonos que no ingresaron a los sucesivos canjes de deuda le ganaron al país para cobrar la totalidad de sus títulos.