Denuncian a Julio De Vido y José López por destinar $24 millones para un barrio sin viviendas

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José López y Julio De Vido, sonrientes en otros tiempos (NA)
José López y Julio De Vido, sonrientes en otros tiempos (NA)

Perugorría es una pequeña localidad ubicada en el sudoeste de Corrientes, a unos 228 kilómetros de la capital provincial, que cuenta con una población de ocho mil habitantes. Hasta 2013 el intendente fue el kirchnerista Jorge Corona, que fue sucedido por su esposa, Angelina Lesieux, quien es la actual jefa comunal.

Durante el gobierno anterior, ambos se beneficiaron con la adjudicación de obras que repartía José López, el número dos de De Vido en el Ministerio de Planificación Federal. En total recibieron 24 millones de pesos para obras que nunca se hicieron, según una denuncia que presentó la diputada Margarita Stolbizer.

Postal del estado de las obras que nunca se terminaron en Perugorría
Postal del estado de las obras que nunca se terminaron en Perugorría

El municipio correntino recibió cifras millonarias que debían destinarse a la construcción de viviendas que nunca se concretaron. A través del programa Techo Digno I (acuerdo 912/15 expte N° 97837/15) se anunció la construcción de 40 casas por las que desde la Secretaría que comandaba López se asignaron $ 13.647.900. Según el Ministerio de Planificación, las obras estaban terminadas en un 100 por ciento, sin embargo en algunos casos ni siquiera habían hecho los cimientos de las viviendas.

El programa Techo Digno fue creado con la finalidad de estimular el empleo y contribuir al progreso de los sectores sociales de menores recursos. Además debía ser monitoreado y por la Secretaría que estaba a cargo de José López. Su obligación era suspender la ejecución y el envío de fondos cuando no se cumplía con los compromisos por los intendentes a quienes se les asignaban las obras.

El cartel que prometía la construcción de 40 viviendas en Corrientes
El cartel que prometía la construcción de 40 viviendas en Corrientes

Las viviendas de Perugorría no se terminaron nunca, sólo la mitad tiene un avance mínimo, los trabajos están paralizados desde hace meses, abandonados y cubiertos por pastizales.

Desde la intendencia convocaron varias veces a los vecinos que querían postularse para ser beneficiarios de las casas y ahora pretenden entregar las viviendas en el estado en que se encuentran. Un dato que llama la atención es que los interesados en las casas debían inscribirse en un local partidario en lugar de hacerlo en la sede comunal.

El estado de abandono de las obras es notable
El estado de abandono de las obras es notable

Este no es el único caso de desvío de fondos provenientes de la Secretaría que comandaba José López para obras que nunca se hicieron. La mano derecha de Julio De Vido asignó una partida de $1.800.000 para la construcción de ciclovías y un puente peatonal para que crucen los alumnos de una escuela que está a la vera de una ruta provincial. La obra no existe, pero en los registros del Ministerio de Planificación figura un avance de obra del 81,72 por ciento.

López también asignó $941.760 para la construcción del paseo del Bicentenario en Perugorría. De 2.500 metros de extensión que tiene la obra sólo están terminados 400 metros aunque en los registros oficiales aparece terminada en un 100 por ciento.

Pastizales cubren lo poco que se construyó en Perugorría
Pastizales cubren lo poco que se construyó en Perugorría

Otras de las obras financiadas por la Secretaría de Obras Públicas mientras estaba a cargo de José López es la remodelación del Balneario Municipal. Se destinaron $3.104.134 para la construcción de un anfiteatro y un puente peatonal para cruzar el arroyo que pasa por ahí. Sólo hicieron un escenario con techo de chapa y cuando el arroyo crece cubre el puente.

De acuerdo con la denuncia de la diputada Stolbizer ,"durante los últimos años se administraron en forma fraudulenta y arbitraria los fondos públicos que provenían del Ministerio de Planificación, a través de la Secretaría de José López. La política de construcción de viviendas mediante el uso de fondos públicos anterior a diciembre de 2015 se basó en el clientelismo y el uso para fines políticos y no para la solución del problema habitacional real de los argentinos. Se utilizó la obra pública y particularmente la construcción de viviendas como una herramienta para premiar o castigar a gobernadores e intendentes. El proceso de selección de los beneficiarios, de los constructores y hasta de las provincias donde se llevaron adelante emprendimientos de viviendas sociales fue arbitrario".