La amnistía fiscal prevé cárcel para los periodistas que divulguen información de los involucrados

El oficialismo se vio envuelto en una inesperada polémica luego de que se descubriera que su proyecto de amnistía fiscal contempla penas de hasta dos años de cárcel para aquellos periodistas que den a conocer cualquier dato de las personas que ingresen al blanqueo.

La medida figura en el artículo 85 del proyecto enviado por el gobierno nacional, que garantiza el "más absoluto secreto" a aquellas personas que decidan ingresar al beneficio que el Poder Ejecutivo quiere implementar.

En caso de que algún dato de esa base sea filtrado por un juez, empleado o funcionario público, la normativa toma las penas propuestas en el artículo 157 del Código Penal y propone penas de hasta dos años de prisión para el responsable. Establece además que quien sea hallado responsable deberá pagar "una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados" por la persona supuestamente afectada.

Aunque sin nombrarlos, la redacción del artículo abarca también a los periodistas, ya que establece que también aplicará a "los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales".

Este lunes, el bloque de diputados del Frente para la Victoria dio a conocer sus críticas: "Es inconstitucional, viola el derecho a la libertad de expresión y la libertad a informarse". "Con esto se está buscando coartar la libertad de los periodistas a informar y de la gente a informarse. Vamos a trabajar para modificar este asunto", prometieron a través de un comunicado.

Más tarde, el titular de la Comisión de Libertad de Expresión, el diputado kirchnerista Remo Carlotto, ejemplificó: "Supongamos que un periodista obtiene información sobre alguien que blanqueó 5 millones de dólares en el marco de la comisión de un delito: el blanqueador no sería sancionado, pero el periodista sí y tendría que pagar una multa de 5 millones de dólares, lo cual es absolutamente inaceptable".

Consultado al respecto, esta mañana el diputado oficialista Pablo Tonelli reconoció que no estaba al tanto de que el proyecto de su partido contemplaba esas penas, pero igual optó por defender la medida. "Hay informaciones que no deben ser reveladas ni por los funcionarios públicos ni por los periodistas", dijo en diálogo con radio Belgrano.

El debate seguirá esta semana en el plenario de comisiones de la Cámara baja. El oficialismo requiere de los votos de al menos una parte de la oposición para sacar la ley, por lo que la oposición todavía está en condiciones de negociar cambios al proyecto.