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Lunes 9 de Noviembre
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Masacre de Campana: se complica la situación del juez Schiavo

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Audio: Ricardo Casal, por Radio 10
 

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Es el magistrado que liberó al acusado de matar a una familia. El ministro Ricardo Casal confirmó en Radio 10 que hoy pedirán su juicio político. La Casa Rosada respaldó la decisión

El funcionario bonaerense dijo en diálogo con Radio 10 que “varios integrantes” del Consejo de la Magistratura le adelantaron que impulsarán un juicio político para destituir al magistrado Nicolás Schiavo, quien había beneficiado con prisión domiciliaria a uno de los principales acusados del cuádruple crimen de Campana.
 
"Más aun después de sus declaraciones televisivas de anoche, donde admitió que desconocía el expediente y que liberó al sospechoso de un terrible crimen basándose en un caso en particular sin tener en cuenta sus antecedentes", explicó el ministro bonaerense. 

En diálogo con C5N, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, respaldó la decisión del Ejecutivo bonaerense. "Estamos absolutamente de acuerdo con impulsar en la Legislatura bonaerense el juicio político al juez", adelantó Fernández. "Tengo entendido que el gobernador tomó la decisión y la comparto", puntualizó.

En febrero de 2007, Schiavo estaba interinamente a cargo del Juzgado de Garantías 3, el cual le otorgó a Ángel Fernández el beneficio de estar en lista de espera para obtener una pulsera electrónica para cumplir con una libertad monitoreada.

Además, por aquel entonces Fernández afrontaba una causa por tenencia ilegal de arma de guerra y había sido beneficiado con el arresto domiciliario.

Schiavo cuenta ya con un pedido de juicio político que finalmente fue rechazado por haber liberado en 2007 a un albañil acusado de abusar de una adolescente de 13 años.

Casal se refirió además a la polémica generada por las pulseras de localización de presos y admitió que el sistema no funcionaba en este caso por falta de pago del servicio. “Además, constatamos que hay al menos 10 tobilleras que no están funcionando”, agregó.

No obstante, dijo que se continuará utilizando el dispositivo, pero para determinados casos. “Ahora vamos a revisar la historia criminológica de todos los detenidos que tienen una tobillera para actuar en consecuencia”, agregó.

Finalmente, el funcionario dijo que se encuentra en contra de la pena de muerte, porque no ayudaría a bajar el índice de delitos en la provincia de Buenos Aires.

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