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Domingo 22 de Noviembre
23-07-08 | Policiales Imprimir
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No la acusan de trata de blancas porque la prostituta era su hija

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Para la Justicia federal, la actitud de la mujer no se encuadra en ese delito sino en el de la "facilitación de la prostitución". El caso pasó a tribunales provinciales

Una mujer detenida por regentear un prostíbulo en el que hacía trabajar a su hija de 17 años será juzgada por un tribunal provincial, ya que la Justicia Federal de Córdoba se declaró incompetente. Según explicaron fuentes judiciales, el delito no se encuadra dentro de lo que se entiende por trata de personas, sino en el de promoción o facilitación de la prostitución, informó La Voz del Interior.

Cristina Garzón de Lascano, jueza federal Nº3, fue quien intervino en la causa producto del allanamiento del prostíbulo ubicado en la calle Tucumán 462 de la capital cordobesa.

Luego de estudiar el caso, la magistrada señaló que la regente no puede ser acusada en los términos de la reciente ley 26.364 de trata de personas, porque no responde a los requisitos que especifica.

"La trata de personas excede holgadamente la problemática de la prostitución, de la reducción a la servidumbre o de una privación ilegal de la libertad", explicó Garzón de Lescano. Y señaló que los tratadistas sobre el tema sostienen que este delito es una forma moderna de esclavitud, en la que se establece entre la víctima y el victimario una relación sujeto-objeto que se mantiene en tanto y en cuanto el sometido le reporte ingresos económicos.

Además, la jueza recordó que las características de la trata de personas son el reclutamiento, captación, traslado y acogida de las víctimas, mediante engaño, fraude o violencia, con el propósito de explotación sexual, laboral, extracción de órganos, etcétera.

El caso de la mujer que "ofrecía" a su hija se encuadraría en la figura de promoción o facilitación de la prostitución, prevista en el artículo 125 bis del Código Penal, agravada por el vínculo, que prevé penas de 10 a 15 años de prisión.

Es por ello que el caso pasó a manos de la Justicia provincial, por no constituir un delito federal.







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