Con los ánimos igual de caldeados que en las últimas sesiones, la Comisión Investigadora Especial de la Legislatura porteña por el caso de espionaje fijó
hoy su reglamento y determinó que mantendrá reuniones públicas "al
menos una vez por semana".

Además, entre sus atribuciones, la Comisión estableció que deberá citar a "los funcionarios investigados antes de emitir su dictamen", quienes "podrán negarse a declarar sin que ello sea considerado una presunción en su contra".

También podrá "llamar a prestar declaración testimonial a toda persona que estime necesario" que será instruida de las penas por falso testimonio y podrá ser sometida a careos si hay discrepancia en las declaraciones.

En ese sentido, estas citaciones deberán ser notificadas por un medio documental fehaciente con al menos dos días hábiles de antelación.

Si bien no fue confeccionada la lista de personas que serán citadas, la oposición dejó trascender que entre las mismas estarían Sandra Macri y su esposo Néstor Leonardo y el padre del jefe de Gobierno porteño, Franco Macri. 

La Comisión dispondrá de "las más amplias facultades legislativas garantizando el derecho de defensa de los investigados" y podrá requerir "a entidades públicas o privadas todos aquellos informes o elementos que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados".

Tendrá su período de pruebas hasta el 1 de diciembre como plazo máximo y a partir de esa fecha 15 días para elevar el informe final, que podrán ser tantos como miembros tiene el cuerpo.
 
Los 17 integrantes deberán acompañar al menos un informe –no se podrán abstener- y deberá ser elevado en un plazo no mayor a 24 horas al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al presidente de la Legislatura.

Entre sus recomendaciones podrá estar el inicio de un juicio político, que se sumaría al procesamiento por "asociación ilícita"que Macri tiene en la justicia ordinaria.

Ese esquema se hizo en base al escrito presentado por el diputado Raúl Fernández, que fue similar al que se utilizó para formar la Investigadora contra Aníbal Ibarra por el incendio de República Cromañón.

La Comisión discutió durante varias horas y decidió darle carácter público a las sesiones, aunque podría ser reservada si se logra mayoría absoluta en votación.

Entre otros acuerdos, se estableció que las reuniones serán transmitidas por el circuito interno de televisión y el portal de la Legislatura.

Respecto a las atribuciones del presidente de la  CIE, a cargo de Martín Hourest, se determinó que tendrá el denominado "doble voto" en caso de empate en la votación entre los 17 miembros.

Hasta el 15 de diciembre -plazo para que se entreguen los dictámenes resolutorios-, la Comisión podrá sesionar con un quórum de 9 personas y pasados los 30 minutos de la convocatoria sin ese número estará habilitada con seis de sus miembros.

"Todas las votaciones serán nominales. Las decisiones se  aprobarán por mayoría simple, salvo aquellas que requieran mayorías especiales", se determinó.

Antes de estos acuerdos, se suscitó una nueva polémica en la reunión, ya que los cinco miembros del bloque del PRO cuestionaron la designación como secretaria de la diputada Gabriela Cerruti.

A partir de la palabra del legislador Martín Borrelli, el oficialismo apuntó contra la designación realizada el pasado martes y destacó que "las autoridades carecían de legitimidad".

En ese sentido, recordó que la designaciones de Martín Hourest y Martín Ocampo, presidente y vice de la comisión, quedaron registradas en la versión taquigráfica, distinto a lo que ocurrió con Cerruti.

Esta discusión y pedido de votación del PRO se frustró definitivamente cuando a partir de una moción de orden de Eduardo Epszteyn se comenzó a discutir el reglamento presentado por el socialista Fernández.

El final también resultó abrupto, luego de que los cinco integrantes oficialistas abandonaron la reunión ofuscados con la oposición, que hizo valer su mayoría para negarle la inclusión de un ítem regulatorio que permitiera evitar "algún agujero" al reglamento, ya que sólo contaba con 12 artículos, y regirlo por el
Código Procesal Penal de la Ciudad.

Al perder la votación, el PRO anunció su retiro y no participó del final de la reunión, donde la Comisión fijó un nuevo encuentro para el próximo martes 7 a las 10